La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se presentó ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados el martes. Fue en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña. “Desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton”, resaltó la referente de Derechos Humanos, que no respondió preguntas.
“Las Abuelas venimos recorriendo tribunales hace años, antes de nuestra creación como institución. Primero cada una de nosotras en soledad ante la desaparición de los hijos y con ello la incertidumbre de qué habría pasado con nuestros nietos y nietas”, comenzó. Y agregó: “La historia es más conocida y las Abuelas se juntaron y empezamos a ir juntas a asesorías de menores, juzgados federales y distintos tribunales buscando a nuestros nietos y convencida de que la lucha tenía que ser colectiva. Nuestra recorrida en tribunales comenzó en la dictadura y continuó en democracia hasta nuestros días. Sin embargo, pese a los auspicios esperanzador que fue el inicio del gobierno de Alfonsín y el juicio a las juntas, la sanción de las leyes de impunidad y la convalidación por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron de duro golpe para las víctimas y los familiares. En el 2017 con el fallo Muiña volveríamos a experimentar esa sensación“.
Carlotto también relató que fueron a instancias internacionales que las acompañaron y “a partir de ser oídas en el exterior, pudimos construir nuevamente en nuestro país el camino de la justicia para nuestros desaparecidos, primero con los juicios por la verdad a fines de la década del ’90 y luego con decisiones judiciales que rompieron la impunidad y permitieron volver a enjuiciar a los responsables de los crímenes de la dictadura”.
Acompañada de la presidenta de la Comisión, la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos), la presidenta de Abuelas prosiguió con su recorrido histórico y señaló que desde 2005 en adelante se vio realmente un “compromiso de los tres poderes del Estado para la consecución de la verdad y la justicia”. No obstante, remarc+o que en 2015 “la Corte cambió”, con la irrupción por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti: “Quedó de manifiesto la actitud de menosprecio al proceso constitucional deliberativo que prescribe la Carta Magna por parte de los hoy magistrados del Máximo Tribunal”.
En ese marco, Carlotto detalló: “Como un aviso de lo que iba a suceder después, tenemos que remontarnos a febrero de 2017 del fallo Fontevecchia. La Corte determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar la sentencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino y su propia jurisprudencia”. Habló, en esa línea, de un “peligroso mensaje” de la CSJ: “Advirtió que las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de derechos humanos serían interpretadas desde los propios despachos de sus señorías”.
“El 3 de mayo de 2017 sucedió ese intento de golpe a la lucha de víctimas y familiares y organismos de derechos humanos, el fallo Muiña. Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriéndole la puerta de la libertad a los genocidas a los pocos que estaban en cárceles comunes como aquellos que gozaban de la prisión domiciliaria. Desnudó un profundo cinismo por parte de Rosatti, Rosenkrantz y Highton. Fallaron favoreciendo indiscriminadamente y generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde la historia“.
Para cerrar, la referente de Derechos Humanos subrayó: “Subestimaron al pueblo organizado, que colmó la Plaza de Mayo, y a la reacción de este Parlamento que en tiempo récord sancionó la Ley interpretativa consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente. La inmensa mayoría de tribunales inferiores de la Corte decidieron no aplicar el estándar consagrado en Muiña, contraviniendo como nunca antes sucedió en la historia judicial del país una decisión suprema”.