El debate por el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, en un contexto donde el Frente de Todos busca que el próximo 9 de febrero se vote la admisibilidad de los 14 pedidos de jury que hay presentados contra los supremos.
A partir de ahora se abrirá paso a la etapa de recolección de pruebas, que incluye las citaciones de testigos y acusados.
Cabe recordar que el pasado jueves se desarrolló la primera reunión de la comisión de Juicio Político en la Cámara baja para abordar el pedido de jury de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lonrezetti. Durante la audiencia, que logró hacerse porque el oficialismo obtuvo el quórum con su propia bancada, se repasaron los 14 proyectos que hay ingresados.
La presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos), informó que el próximo jueves 2 de febrero expondrán quienes presentaron esos distintos proyectos de pedido de juicio político.
En total hubo siete proyectos presentados por diputados (Frente de Todos y Coalición Cívica) y siete por la “sociedad civil”, entre ellos asociaciones de juristas y particulares. No estaba claro en la comisión si alcanzará una sola jornada para que expongan todos los convocados. Esto puede provocar que las exposiciones continúen en la siguiente audiencia.
El oficialismo apuesta a que el jueves 9 de febrero se pueda poner a debate y se vote la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político. Puede ser que algunos prosperen y otros no. Para aquellos que sean admitidos, se abrirá el período de recolección de prueba.
La etapa de recolección de prueba etapa provocará muchos más cruces entre oficialismo y oposición. Por ejemplo, según informó El Destape, en uno de los recientes pedidos de juicio político que hicieron 15 legisladores del FdT contra los 4 integrantes de la Corte se pidió que se apruebe como medida de prueba el entrecruzamiento telefónico de los investigados. Concretamente, solicitaron darle intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) “para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”. Según indicaron desde el Congreso a este medio, esa medida se puede solicitar mediante un oficio dirigido a la Dajudeco, que depende de la Corte.
En el proyecto de los 15 legisladores del Frente de Todos también se pide citar a los cuatro ministros supremos denunciados y a 35 personas y organismos como testigos, entre los que se destacan Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro. Según la segunda filtración de chats que involucran al ministro de la Ciudad, ambos coordinan estrategias político-judiciales que perjudican al kirchnerismo.
Si se aprueba el dictamen acusatorio en la comisión de Juicio Político pasa al recinto donde tiene vigencia por tres años, por lo cual podría votarse con otra conformación de la cámara. En la actualidad, el oficialismo no tiene en la Cámara de Diputados los dos tercios de los votos necesarios para girar la acusación al Senado. Pero sí tiene la mayoría simple en comisión para admitir los proyectos de juicio político y la producción de prueba.