La Cámara de Diputados de Entre Ríos empezó a debatir el proyecto que busca poner fin a las llamadas “jubilaciones de privilegio” para gobernadores y vicegobernadores, una iniciativa enviada por el gobierno a la Legislatura junto a un paquete de normas que impulsa la administración de Rogelio Frigerio.
En reunión conjunta, las comisiones de Legislación General y de Empleo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de Entre Ríos abordaron este jueves el proyecto de ley. El encuentro, desarrollado en el recinto de esta Cámara, estuvo presidido por los titulares de ambas comisiones, Marcelo López y Érica Vilma Vázquez, respectivamente.
La iniciativa, tal como consignó oportunamente Bicameral, establece claramente incompatibilidades y motivos de caducidad para el beneficio, pero permite su continuidad para quienes ya percibían este ingreso.
En esta oportunidad, funcionarios del gobierno provincial expusieron los fundamentos de la iniciativa. Participaron el Secretario Legal y Técnico, Esteban Vitor; el Secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro, y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, Gastón Bagnat.
La diputada Vázquez (Juntos por Entre Ríos) destacó que el proyecto prevé la derogación de la Ley 4.506. “El espíritu es que tanto los funcionarios como el resto de los ciudadanos gocemos de igualdad de derechos. Estamos entrando en una nueva era que propone humanizar la política y debemos tener ese gesto”, sostuvo.
Por su parte, Vitor manifestó: “Hoy los gobernadores y vicegobernadores, por el solo hecho de estar en el cargo acceden a este régimen especial que se estableció en 1965. Han cambiado totalmente las circunstancias y los fundamentos y por esa razón creemos que debe derogarse la Ley que establece privilegios, en función de lo que ha planteado el gobernador Rogelio Frigerio”.
Los funcionarios presentes en la reunión consideraron que más allá de los montos de los que se trate, la política le debe este “gesto” a la ciudadanía.
Qué dice el proyecto
En sus fundamentos, se señala que para el Poder Ejecutivo “resulta imperioso terminar con las llamadas ‘jubilaciones de privilegio’, en particular la que establece un beneficio especial para los ex gobernadores y vice gobernadores de nuestra provincia” y sostiene que “la existencia de este régimen especial, se encuentra hoy en tensión con criterios igualitarios de los que es tributario la ética pública contemporánea, que demanda políticas activas que efectivicen el principio de igualdad ante la ley, entre los ciudadanos y sus gobernantes”.
“Debe observarse también, que el sistema general de jubilaciones y pensiones de nuestra provincia, se encuentra atravesado por una grave crisis económica, signado por un marcado déficit de sus cuentas, mientras simultáneamente, subsisten sistemas como el analizado. La existencia de privilegios en el contexto económico señalado, hiere el sentido común ciudadano, generando desconfianza, incredulidad y la falta de apego a las normas”, remarca el proyecto.
En este sentido, el proyecto deroga la la ley 4.506 y sus modificatorias, estableciendo sin embargo que “los beneficios reconocidos durante la vigencia” de esta normativa “continuarán abonándose”, excepto cuando el beneficiario perciba otros beneficios previsionales o asistenciales, o al recibir “retribuciones, honorarios, sueldos o dietas provenientes de todo tipo de relación laboral, contractual o las que sean consecuencia del ejercicio de cargos electivos”. En este caso, se deberá pedir la suspensión hasta la finalización de este contrato o relación laboral.
“Si el beneficiario no ejercitare la opción, el beneficio se suspenderá de oficio, debiendo restituirse a la Caja de Jubilaciones y Pensiones la suma percibida desde que la incompatibilidad se haya producido, con más sus intereses legales”, señala la norma que buscará aprobar la Legislatura.
También es motivo de suspensión del beneficio que se reciba en segunda instancia una condena penal por delitos contra la administración pública, delitos económicos, contra la integridad sexual u otros.