Así como la jueza electoral federal María Servini de Cubría reclamó que el personal de la repartición a su cargo sea vacunado, en Santa Fe el Secretario Electoral provincial solicitó que los trabajadores de su área puedan recibir al menos la primera dosis contra el Covid ante de la realización de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias; y las Generales.
Es que la magistrada nacional -vacunada con la primera dosis- contrajo el virus a los 84 años y esa situación personal la llevó a condicionarel acto comicial a la vacunación. “Si me la hubieran dado (la segunda dosis) no estaría contagiada”, afirmó al tiempo que supeditó la celebración de los próximos comicios a que su personal estuviese inoculado con las dos dosis.
“Si no vacunan a todo el equipo no se pueden hacer las PASO. No voy a exponerlos a que se enfermen, porque aquí no puedo hacer burbuja”, alertó.
En Santa Fe, el Secretario Electoral Pablo Ayala también se contagió, mientras que varios trabajadores de dicha jurisdicción también fueron confirmados o debieron ser aislados. Por ello, el 23 de marzo remitió una nota a la propia ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, en la que solicitó formalmente que el personal de su repartición “sea incluido en el plan de vacunación contra Covid, atento a las elecciones a desarrollarse en el corriente año”.
El escrito Ayala no condiciona el proceso electoral a la vacunación pero invoca una resolución del propio Ministerio de Gobierno – de dicha cartera depende la Secretaría Electoral- en la que se plantea que “las actividades, prestaciones y servicios propios del Ministerio son consideradas esenciales y no interrumpibles en la emergencia sanitaria“.
Sobre esa base, la nota a la que accedió El Litoral, plantea que deben ser considerados “como personal estratégico y esencial todos los agentes que se desempeñarán en la organización y ejecución de las distintas tareas a desarrollarse durante el proceso electoral 2021”. Se trata de unos 40 trabajadores estables, aunque en épocas electorales, ese número llega a triplicarse y asciende prácticamente a 150. De ese total, seis personas pertenecen a grupos de riesgo, 8 son mayores de 60, y 136 están por debajo de esa edad. Ello obligaría, además, a contar con una suerte de “banco de suplentes” para suplir a los agentes que pudieran contagiarse o aislarse durante el proceso.