La Cámara de Diputados buscará avanzar en su próxima sesión con el proyecto del oficialismo que establece un abordaje integral de la violencia institucional en las fuerzas policiales y servicios penitenciarios y que apunta a atender a las víctimas y a fortalecer la capacitación de los diferentes cuerpos de seguridad.
Si bien aun no está convocada la sesión, fuentes parlamentarias indicaron a Télam que el proyecto de violencia institucional será uno de los proyectos incluidos en el temario de la convocatoria prevista para los próximos días, que sería la última antes del inicio del receso invernal.
El proyecto ya recibió dictamen la semana pasada, en un plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías, que presiden la diputada Paula Penacca (Frente de Todos-CABA) y su par Hugo Yasky (FdT-Buenos Aires), respectivamente.
La iniciativa contó con el respaldo en pleno del FdT, en tanto que Juntos por el Cambio presentó un dictamen propio de minoría, al igual que la izquierda.
Fuentes parlamentarias no descartaron que la iniciativa sea finalmente aprobada por consenso, si se avanza en el recinto con algunas modificaciones planteadas desde el arco opositor.
Los puntos centrales
La iniciativa promueve “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.
En ese sentido, el proyecto habilita una instancia administrativa para “solicitar una reparación económica en los casos de desaparición forzada de personas, homicidios y lesiones gravísimas que configuren hechos de violencia institucional”.
El proyecto, además, busca “afianzar políticas de bienestar del personal policial”, para lo cual propone “garantizar la protección de su integridad psicofísica y promover el fortalecimiento de la formación y entrenamiento profesional como medidas preventivas de la violencia institucional”.
El texto también propone “la creación de centros de denuncias para casos de violencia institucional, que serán atendidas por personal civil ajeno a las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios, que deberá haber cumplido la capacitación obligatoria en género dispuesta por la Ley Micaela”.
Asimismo, la iniciativa establece que “se deberán promover facilitadores interculturales para las jurisdicciones en las que exista población originaria, y que las vías de denuncia serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión”.