Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos crea el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, destinado a facilitar la cancelación y refinanciación de deudas de consumo de ciudadanos de la provincia a través de créditos otorgados por entidades financieras que adhieran. La normativa fue ingresada por el justicialista Enrique Cresto y está firmada por todos sus compañeros de la bancada Más para Entre Ríos.
En la norma, a la cual tuvo acceso Bicameral, se deja en claro que podrán acceder al programa personas que tengan domicilio en la provincia, registren pasivos de tarjetas de crédito o préstamos personales otorgados por entidades financieras reguladas por Banco Central, estén en Situación 2 o 3 de la Central de Deudores de la entidad nacional, tengan un ingreso mensual menor a 10 salarios mínimos y acrediten que los compromisos mensuales correspondientes a las deudas representan más del 30% de su entrada familiar.
Los créditos, en tanto, deberán cumplir con una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%, tener un plazo mínimo de amortización de 24 meses y poder cancelarse de forma anticipada. "Las entidades financieras podrán establecer tasas inferiores, plazos superiores y demás condiciones que resulten más favorables para los beneficiarios", señala la ley, que además establece una reducción 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos bancos que adhieran.
"El endeudamiento familiar se ha convertido en uno de los problemas económicos y sociales más relevantes de los últimos años. Para numerosas familias, la tarjeta de crédito o el préstamo personal dejaron de utilizarse exclusivamente para financiar bienes extraordinarios y comenzaron a utilizarse para afrontar gastos cotidianos", afirmó Cresto en sus fundamentos. Agregó luego: "Entre Ríos necesita generar herramientas propias frente al endeudamiento de sus familias. No alcanza con describir el problema. Tenemos que ofrecer una salida concreta a quienes trabajan, producen, cumplen con sus obligaciones y hoy destinan una parte desproporcionada de sus ingresos simplemente a financiar intereses".
Para cerrar, el diputado peronista destaco: "El Estado no debe reemplazar la responsabilidad individual, pero tampoco puede permanecer indiferente cuando el costo financiero convierte una deuda originalmente pagable en una obligación prácticamente imposible de cancelar".
