A tres años de su sanción a nivel nacional, diputados entrerrianos presentaron una iniciativa en la Cámara baja provincial con el objetivo de conocer detalles de la implementación de la Ley Brisa en Entre Ríos.
Se trata de la Ley N° 27.452, la cual establece que los hijos y las hijas de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género deben ser protegidos para crecer en un ambiente sano y libre de violencias. Por este motivo, desde la sanción de la ley tienen derecho a recibir una reparación económica mensual, acceder a una cobertura integral de salud y ser acompañados de manera integral durante su crianza.
El beneficio consiste en un aporte económico mensual, similar a una jubilación mínima, para hijos e hijas víctimas de femicidio hasta los 18 años. Si el menor presenta alguna discapacidad, el sostén económico previsto en la ley continúa hasta los 21 años.
El pedido de informe fue presentado por el diputado Uriel Brupbacher (UCR), y cuenta con el acompañamiento de legisladores del interbloque opositor. Según señalan los legisladores de Cambiemos, la implementación de una normativa nacional “demanda un cierto tiempo para su efectivo aplicación en cada una de las jurisdicciones provinciales”, aunque en este caso manifiestan preocupación por demoras.
“Nos encontramos ante una verdadera urgencia, ya que a tres años de su sanción, todavía se está analizando su implementación: sólo tenemos novedades a través de los medios de reuniones de coordinación de organismos provinciales (Secretaría de la Mujer y Ministerio de Desarrollo Social) y nacionales (ANSES Delegación E.R.), y múltiples expresiones de buena voluntad. Pero aún no se ha comunicado nada oficialmente sobre cuáles son los resultados concretos que tuvieron esas reuniones, cuál es el plan de acción para los próximos meses, cuántas familias han podido acceder efectivamente al beneficio, cuántas no y por qué, y, en definitiva, cuáles son los principales obstáculos para que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan“, sostuvo el diputado.
“También necesitamos saber, como ciudadanos preocupados por la parte más vulnerable de todo el cuadro familiar de violencia como son los niños y adolescentes, cómo es el monitoreo permanente de los casos y el seguimiento de la salud mental, emocional y física de los mismos, previstos ambos en la ley y de los cuales nada se ha comunicado”, agrega el proyecto de Brupbacher.