Por Victoria Donda (*)
A 40 años de recuperación de la democracia, resulta indispensable actualizar y refrescar conceptos jurídicos que cobran gran relevancia ante el crecimiento de sectores reaccionarios y negacionistas que, en nuestro país y en el mundo, aumentan su participación en el debate social en base a conductas basadas en el odio y las mentiras.
A pesar de que ciertas discusiones ya fueron resueltas hasta el cansancio por Juzgados, Tribunales Orales, Cámaras de Casación y la propia Corte Suprema, aun hoy persisten personajes que, con tal de desvirtuar el proceso de memoria, verdad y justicia que se viene desarrollando en nuestro país, insisten en invocar hechos inexistentes y categorías jurídicas sin fundamento.
Así, en los últimos años vemos pulular por los medios a personajes que tratan, nuevamente, de instalar la idea o teoría “de los dos demonios”. Esto es equiparar a una “guerra justa” entre dos bandos similares, lo ocurrido en nuestro país desde el 24 de marzo de 1976 hasta la vuelta de la democracia.
Básicamente, para estos personajes, el terrorismo de estado llevado adelante por el gobierno de facto, puede asimilarse a las acciones de quienes integraban sindicatos, organizaciones sociales, políticas, deportivas, estudiantiles, universitarias, etc.
Entonces, llaman “terroristas” a las victimas del genocidio que llevaron adelante estos militares y sus socios civiles, ello con el objetivo de poder aliviar la situación judicial de quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad o bien, están siendo juzgados hoy en día.
Pero pongamos un ejemplo para que se entienda mejor; para estos personajes que defienden a genocidas y condenados por delios de lesa humanidad, una piba de 20 años que militaba en una universidad organizando a sus compañeros en la resistencia de la dictadura, era sin dudas una terrorista y merecía ser secuestrada, torturada y luego arrojada viva al mar de ser necesario.
Eso es lo que tratan de decirte, para poder lavar las culpas de estos genocidas.
Una de estos personajes es la diputada Victoria Villaruel, quien desde hace años viene trabajando en la defensa publica de los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos su padre y tío. Ese trabajo lo viene efectuando escondiéndose detrás de familias que denuncian haber sido victimas de los “terroristas” que integraban las organizaciones políticas en aquel momento.
Ahora bien, ¿eso habilita sostener que delitos gravísimos llevados a cabo por los militares que se habían apropiado del estado, pueden ser asemejados a presuntos delitos cometidos por civiles?
Obviamente la respuesta es no y es una respuesta netamente jurídica. Veamos.
La definición de crímenes contra la humanidad, no es un antojo de moda, es un concepto jurídico, y para poder usarlo correctamente requiere que el acto criminal sea cometido dentro de un marco amplio de circunstancias, que a su vez se conocen como contexto, y es precisamente estos contextos los que nos permiten distinguir los delitos de lesa humanidad de los delitos comunes.
El Tribunal Penal internacional en uno de los casos que entendió, Prosecutorv. Tadic, definió como crimen de lesa humanidad a una serie de actos inhumanos incluidos el homicidio, el encarcelamiento, la esclavitud, la esclavitud sexual, la tortura y la desaparición forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Los actos deben formar parte del ataque y el perpetrador debe saber que existe ese ataque generalizado o sistemático y que sus actos forman parte de ese ataque. Si bien actualmente no se requiere un Estado, el Derecho Público Internacional, establece que no alcanza con cualquier grupo, sino que requiere que una fuerza de facto, esto implica que se ejerza el poder político en un territorio dado, capaz de neutralizar el poder del Estado, con su participación o tolerancia.
Dicho de otra forma: para que un delito sea considerado de lesa humanidad debe existir un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, de parte del Estado o de organizaciones que mantengan el control del territorio (postura elaborada a partir del artículo 7, inciso 1, del Estatuto de la Corte Penal Internacional).
Entonces, llevada esta definición a lo ocurrido en nuestro país, ni las organizaciones que en los años 70´ optaron por la lucha armada, ni los sindicatos ni los grupos de estudiantes, ni ninguna víctima de la última dictadura cívico militar, conformaron una entidad con poder político y capacidad similar al Estado, por lo cual los delitos supuestamente cometidos por todos ellos, no son considerados ni tratados en el ámbito del Derecho Internacional.
Por ello, la mentada “teoría de los dos demonios” no posee entidad jurídica, ni lógica y ha sido descartada por una inmensa cantidad de jueces y juezas en nuestro país y en el mundo . Sin embargo, personajes como Victoria Villarruel siguen recorriendo los medios invocando tamaña falsedad, alejada de toda lógica, solo para lavar la imagen de los peores asesinos que nuestra historia reciente conoció.
En nuestro país hubo Terrorismo de Estado y desconocerlo, minimizar el hecho, o tratar de justificar los horrores construyendo un falso escenario montados en una suerte de guion mentiroso, solo deja expuesto el verdadero rostro de quienes hoy amenazan a nuestra sociedad.
Parece mentira que luego de décadas de búsqueda de memoria, verdad y justicia a través de la actuación de la justicia y el debido proceso legal, estos personajes pretendan instaurar falsedades para justificar los atroces actos de sus familiares.
Los que hoy te dicen que son la “libertad”, en realidad son los defensores de aquellos que metían en cana a tus viejos y abuelos por tener el pelo largo o la pollera corta; son los que dictaban toque de queda para que te encierres en tu casa; son los que prohibían y quemaban libros y allanaban universidades para controlar a los jóvenes; son los que censuraban películas, actores, actrices, cantantes; son lo que picaneaban y violaban mujeres en las salas de tortura; son los que desaparecían, mataban y robaban bebes.
No son la libertad, son todo lo contrario. Son los viejos genocidas, sus defensores y sus familiares quienes hoy pretenden vestirse de victimas para tratar de lograr la impunidad que hasta el momento no han podido lograr.
No hubo ni guerra, ni hubo dos demonios. Hubo un plan sistemático que se robó la vida de 30.000 personas. El demonio es uno sólo.
40 años después de recuperada, nuestra democracia luce amenazada por los mismos que la ultrajaron en marzo de 1976. Pero la Historia avanza y los pueblos no olvidan. Por más que la compleja coyuntura pretenda hacernos creer lo contrario. No pasaron ayer. No pasarán hoy ni mañana por sobre nuestros sueños y luchas colectivas.
(*) Exdiputada nacional y funcionaria bonaerense