El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que tiene por objetivo introducir "diversas modificaciones en el proceso laboral" de la provincia, atendiendo a uno de los reclamos que realiza el sector empresario: los costos y riesgos de la litigiosidad laboral.
Según se fundamenta, las iniciativas están orientadas a "fortalecer las garantías del debido proceso, asegurando el acceso efectivo a la instancia revisora", adecuando a la vez "el sistema pericial médico a la legislación nacional sobre riesgos del trabajo" y dotando "al funcionamiento de la justicia laboral de mayores niveles de razonabilidad y objetividad".
La iniciativa a la que accedió Bicameral va en línea con lo que anunciara hace unos días el gobernador Rogelio Frigerio en la 22° Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER): “En los próximos días vamos a enviar el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, que crea el cuerpo de peritos laborales dentro de la órbita del Superior Tribunal de Justicia especializados en riesgos del trabajo y accidentes", adelantó entonces.
Según se explicó, uno de los aspectos centrales del proyecto consiste en la eliminación del requisito patrimonial actualmente exigido para la concesión del recurso de apelación al empleador condenado, consistente en depositar el capital de condena, con más las sumas estimadas para responder a intereses y costas, u ofrecer bienes a embargo suficientes para garantizar dichos conceptos.
Otro de los ejes del proyecto se relaciona con el régimen de honorarios de los peritos y auxiliares de justicia. En el primer artículo se dispone que estos "no estarán vinculados a la cuantía económica del juicio (monto reclamado, monto de condena, al acuerdo transaccional, ni al porcentaje de incapacidad que pudiere determinarse)", sino que serán regulados "prudencialmente por el juez teniendo en cuenta exclusivamente la naturaleza, complejidad, extensión, calidad, utilidad, celeridad y eficacia de la labor técnica realizada en
el proceso". La regulación no podrá exceder el equivalente a ocho (8) juristas, según se aclara.
También se busca "preservar la coherencia del régimen de costas, estableciendo que los honorarios, gastos y retribuciones de los auxiliares sean soportados por la parte condenada a su pago y no puedan reclamarse a quien no haya sido obligado por la sentencia o resolución correspondiente".
Del mismo modo, el proyecto al que accedió Bicameral se propone la creación de un cuerpo especializado de médicos dependiente del Poder Judicial, "integrado por profesionales que perciban una remuneración fija y no tengan derecho a honorarios adicionales por las pericias realizadas".
La iniciativa ingresó este lunes a la Cámara de Diputados de Entre Ríos y próximamente tomará estado parlamentario, para ser girada y debatida en comisiones.
