La ley de Arancelamiento y recupero financiero del sistema de salud provincial, una iniciativa de los senadores oficialistas Horacio Amavet y Jorge Maradey que cuenta con media sanción, aún no tiene fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados.
La iniciativa con media sanción tomó estado parlamentario el 27 de abril y fue girada a las comisiones de Salud Pública y Legislación General, que realizarán una reunión conjunta este martes desde las 10 horas en la cual se anunció el tratamiento de un proyecto de régimen de disposición de cadáveres no reclamados por familiares para estudio.
Salud Pública, comisión a cargo de Jorge Cáceres (Frente CREER), se reunirá también este martes desde las 9 horas, para tratar un proyecto que dispone la creación del Colegio de Profesionales Psicomotricistas de la Provincia de Entre Ríos y una iniciativa sobre prescripción de medicamentos.
Según pudo corroborar Bicameral, en el temario no se incluyó el proyecto de arancelamiento y recupero, que lleva el número de expediente 25469.
Tras obtener media sanción, la iniciativa tuvo críticas del MST-Nueva Izquierda. “Lejos de mejorar el sistema público, lo único que hace es sentar los elementos legales para aplicar, de forma generalizada, un arancelamiento general a la salud pública”, remarcaron la excandidata a diputada Nadia Burgos y Nicolás Zuttión, dirigentes de izquierda.
En su artículo cuarto, que generó polémica, el proyecto con media sanción establece que personas sin cobertura y con recursos económicos “que concurran a los Efectores Públicos de la Provincia que no tuvieren cobertura social pero posean recursos suficientes para cubrir los costos resultantes de la atención brindada en el efector, serán atendidas debiendo oblar, al momento de su externación, los aranceles correspondientes”.
En este marco, indica que “los efectores Públicos deberán verificar la situación socioeconómica de cada persona beneficiaria del sistema, sin perjuicio de la atención brindada que deberá ser inmediata y no podrá estar condicionada en ningún caso, a la finalización de la evaluación requerida”.
“Esta iniciativa de ninguna manera afecta la gratuidad del sistema público de salud, un principio general que tanto nos enorgullece como el pueblo argentino”, dijo el senador Maradey tras argumentar la iniciativa, que sin embargo recibió algunos cuestionamientos también desde el sector gremial nucleado en ATE.