En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, senadores entrerrianos abordarán el proyecto con media sanción sobre Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública.
El encuentro tendrá lugar este martes desde las 11 horas.
Cabe recordar que el proyecto obtuvo media sanción en agosto de 2024, y desde entonces presentó pocos avances. El gobernador Rogelio Frigerio ha manifestado públicamente, sin embargo, su intención de que salga la ley.
Como la última vez en que se trató la iniciativa, en noviembre del año pasado, está invitado el secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro.
El proyecto
Entre los puntos más relevantes de la iniciativa, que oportunamente fue detallada por Bicameral, se establece que los funcionarios y personas comprendidas en la ley deberán presentar "declaración jurada patrimonial integral y una declaración de funciones, dentro de los sesenta (60) días hábiles de la toma de posesión del cargo y, presentar una última declaración, dentro de los treinta (30) días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo".
Esta declaración debe contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deudas e ingresos, tanto en el país como en el extranjero, propios y gananciales, del declarante, de su cónyuge o conviviente, de sus hijos menores de edad emancipados.
Esto incluye bienes inmuebles, bienes muebles y otros bienes no registrables como "joyas y obras de arte, de valor". También títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa o distintos mercados, del mismo modo que participación en sociedades que no cotizan en bolsa o en explotaciones unipersonales. Además, se deberán consignar depósitos en cuentas corrientes o plazos fijos, ahorros en moneda, créditos, deudas, ingresos percibidos y otros.
Según establece el proyecto, se publicará el listado de personas que hayan cumplido e incumplido con la presentación de la declaración jurada establecida en esta ley, y estas declaraciones podrán consultarse en la web de la autoridad de aplicación.
En el mismo sentido, habrá intimaciones a quienes no hayan presentado en tiempo y forma la declaración jurada, como así también sanciones.
Otro capítulo importante de la iniciativa establece incompatibilidades para quienes se desempeñan en el Estado, obligando a los agentes a declarar a su vez sus otras actividades. A su vez, se precisa la prohibición de presentar candidatos con determinadas condenas, ya sean por delitos contra la administración pública, penales o económicos.