Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone declarar al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), en la porción de las aguas subterráneas que se encuentra dentro del territorio de la Provincia de Entre Ríos, "recurso hídrico estratégico, de interés público y de dominio público provincial, sujeto a los principios de protección ambiental, conservación, uso racional y gestión sustentable, de conformidad con la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y la legislación nacional y provincial aplicable".
La iniciativa a la cual accedió Bicameral remarca que el aprovechamiento de las aguas comprendidas en el SAG "no podrá menoscabar su disponibilidad, calidad ni capacidad de renovación, ni afectar los derechos de las generaciones presentes y futuras".
El proyecto considera Sistema Acuífero Guaraní a la "formación hidrogeológica transfronteriza compartida por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en la porción que corresponde al territorio de la Provincia de Entre Ríos, comprendiendo sus áreas de afloramiento, recarga, circulación, almacenamiento y descarga, así como sus sectores confinados".
Entre muchas acciones, el proyecto de Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) propone crear el Fondo Provincial para la Protección del Sistema Acuífero Guaraní, destinado exclusivamente al financiamiento de las acciones previstas en la ley.
La iniciativa fundamenta que el marco existente se encuentra "distribuido entre diferentes normas y organismos". En esta línea, enumera que la regulación general de aguas, la normativa de recursos termales, el régimen de cuencas y la legislación ambiental "proporcionan herramientas relevantes, pero no existe una norma provincial específica que reúna, bajo una política común, los objetivos de protección, conservación, monitoreo, investigación y planificación estratégica del Sistema Acuífero Guaraní".
"La presente iniciativa no busca impedir los usos legítimos del recurso. Por el contrario, pretende garantizar que el consumo humano, el abastecimiento, la producción agropecuaria, la actividad industrial, el aprovechamiento termal y los demás usos autorizados puedan desarrollarse dentro de un marco de sustentabilidad y responsabilidad pública", remarca la diputada.
