El último lunes el Congreso inició su período de sesiones extraordinarias, con una amplia agenda de 27 proyectos. Diputados y senadores discutirán, en ese contexto, importantes proyectos en materia económica. Luego de un año atípico, donde el Gobierno tuvo que poner el foco en el sostenimiento de la situación social y sanitaria por la pandemia, los esfuerzos de la gestión de Alberto Fernández estarán puestos en cerrar su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reactivar la economía, sobre todo a través del impulso de la pequeña y mediana empresa e industria nacional.
LOS PROYECTOS QUE SE DISCUTIRÁN
–Respaldo a la negociación con el FMI: Luego de cerrar su acuerdo con bonistas en el marco de la deuda externa bajo legislación extranjera y tener respaldo para la negociación de la deuda con legislación local, el Ministerio de Economía se sentará a la mesa con el FMI. Para que no suceda lo mismo que en la era Cambiemos, donde el préstamo se cerró sin respaldo parlamentario, el Gobierno buscará sancionar una ley de fortalecimiento de la deuda. Otro de sus objetivos será, además, establecer que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también tengan que ser autorizados por el Congreso.
–Incentivos fiscales: la iniciativa apunta a fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos y a la construcción de nuevas obras privadas en el sector público, luego del derrumbe histórico del sector por la recesión y la pandemia.
–Sistema de cobertura de créditos hipotecarios: fue anunciado oportunamente por el ministro de Economía, Martín Guzmán. La propuesta es la creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP), que brindaría sustentabilidad al sistema y evitaría los problemas que tuvieron los beneficiarios de los créditos UVA durante el macrismo.
–Consenso Fiscal 2021: ya fue firmado por el presidente y los gobernadores, pero será refrendado por el Congreso. La discusión tendrá lugar luego del cruce con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la quita de fondos coparticipables. Uno de los puntos del convenio es justamente la reasignación de recursos por la transferencia de competencias, mientras que las provincias no podrán iniciar demandas judiciales por un año y deberán desistir de las ya iniciadas. Permanece suspendida, por otro lado, la baja progresiva de impuestos que regía en el Consenso Fiscal previo.