La Comisión de Juicio Político de Diputados que preside la entrerriana Carolina Gaillard retomó las audiencias este martes en el proceso que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema. En esta ocasión, comenzaron el debate de la causal “abuso de poder” con testimonios dirigidos especialmente al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz.
Se analizaron puntualmente 69 sentencias en las que intervino Rosenkrantz y en cuya mayoría -según el oficialismo- favoreció a sus exclientes. El segundo cargo evaluados el pedido de honorarios que el propio Rosenkrantz presentó en la Corte cuando ya era ministro por 18.000 millones de pesos para que la provincia de Santa Fe le pagara honorarios en un expediente que tramitó en la Corte.
De los cinco testigos convocados, participaron cuatro: el periodista Ari Lijalad, por su nota titulada “Rosenkrantz en 25 fallos que involucran a sus exclientes”, publicada el 16 de junio de 2022 en El Destape; el periodista Juan Alonso, por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, publicada el 26 de marzo de este año en El Cohete a la Luna; Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema; y Roberto Saggese, de la vocalía del doctor Horacio Rosatti en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El único convocado que no asistió según se anticipó, es Maximiliano Rusconi, abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA c/ En AFIP-DGI/Proceso de conocimiento.
Antes de comenzar con la ronda de testigos, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, explicó la causal de “abuso de poder” que se le atribuye a Carlos Rosenkrantz, por “la falta de excusación en causas de sus exclientes”. “Desde su asunción como ministro participó en al menos 69 fallos donde eran parte sus exclientes, esto configuraría un claro conflicto de intereses en causas que involucran cifras millonarias”, señaló.
“Con la permanencia del doctor Rosenkrantz, las empresas del sector concentrado de la economía, no referimos a PyMEs, asegurarían un representante de sus intereses económicos y patronales dentro de la Corte”, aseveró la oficialista.
También informó que la segunda hipótesis de esta causal tiene que ver con “honorarios millonarios” reclamados por Rosenkrantz, “por la suma de 18 mil millones de pesos” en la causa que patrocinó a Santa Fe por la quita de recursos coparticipables; mientras que la tercera tiene que ver con la recusación que le formularon en la causa Tabacalera Sarandí.
Por otro lado, el oficialismo avanzó hacia la formulación de cargos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la investigación sobre las causales del fallo 2×1, coparticipación de la Ciudad y Consejo de la Magistratura están concluidas.
Los testimonios
Primer testigo de la jornada, Gustavo Naveira de Casanova, secretario letrado de la Secretaría Judicial N°7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la Corte Suprema, asistió por segunda vez, ya que había declarado en la comisión el 7 de marzo pasado. Consultado por el diputado Leopoldo Moreau sobre si en su función anterior como fiscal general adjunto de la Procuración “alguna vez le tocó recusar a algún ministro de la Corte porque una causa involucraba a un excliente de un ministro”, respondió: “Cuando trabajé en la Procuración General de la Nación no tenía firma, no recusaba a nadie y no recuerdo haber trabajado en ningún expediente de ese tipo”. “Creo que, a cada ministro, a cada juez, le corresponde -como le parezca- excusarse”, dijo.
El oficialista lo interrogó sobre si “conocía el listado de los exclientes del doctor Rosenkrantz”, a lo que el funcionario judicial afirmó que él sabía “que había presentado ante el Senado una lista, pero esa lista yo no la tengo presente”. “Tengo entendido que además del Senado, como corresponde, el doctor Rosenkrantz circuló una lista de sus exclientes entre las demás vocalías, porque si no quedaría al arbitrio de él decidir en cada caso si se excusaba o no”, reveló.
“¿Alguna vez recibió de algún ministro una nota comentando que dejaba de excusarse por haber transcurrido más de cinco años desde que asumió?”, preguntó Moreau, a lo que Naveira de Casanova contestó que desde que él trabaja en Corte, año 2018, no recibió “otra nota así”.
En su intervención, el diputado del Pro Pablo Tonelli aclaró que “respecto de las posibilidades que un juez se aparte en un expediente y no opine, no vote, son dos: una, que sea por impulso de alguna de las partes que actúe en la causa y lo recuse, con motivos; y la otra es que el juez decida excusarse porque él entiende que hay motivos para hacerlo”.
Y defendió que haya sido de cinco años “el plazo a partir del cual el doctor Rosenkrantz entendió que ya no correspondía excusarse en causas en que intervinieran exclientes, no de él personales, sino del estudio en el que había trabajado”. “No puede ser que pasen 30 años y el juez tenga que seguir excusándose”, enfatizó y señaló que el artículo 15 de la Ley de Ética Pública “establece que esa obligación de excusarse cesa transcurridos tres años”.
“Es absolutamente lógico, natural, razonable y sensato que un impedimento de esa naturaleza cese en algún momento. La Ley de Ética habla de tres años, el juez Rosenkrantz eligió esperar cinco. Está muy claro que no puede mantenerse para siempre semejante prohibición”, insistió.
Para Moreau, la aclaración de Tonelli “confirma la arbitrariedad de la decisión del doctor Rosenkrantz”, quien tomó “una decisión individual y arbitraria” e “inventó una norma”, cuestionó. “Le imputamos un mal comportamiento desde el punto de vista ético y la pérdida de imparcialidad. Se autoimpuso un plazo que de ninguna manera existe en normas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema. Él no apeló a la Ley de Ética Pública, el plazo lo impuso él a su propio arbitrio”, subrayó el oficialista.
Por su parte, el presidente de la CC-ARI, Juan Manuel López, consideró que “no hubo nada irregular en la decisión y en la nota, porque aparte lo hace público a todos sus colegas, de que iba a empezar a intervenir pasados cinco años en las causas en las que el estudio que perteneció patrocinó a alguna de las partes”.
“A mí modo de ver tuvo un exceso de restricción en la decisión de no intervenir”, opinó y recordó que para ser juez de la Corte “tenes que haber sido abogado y ejercido ocho años” y para eso “se necesita haber tenido clientes”. Además, sobre la lista de sus exclientes, mencionó que la presentó por un decreto del año 2003, presidencia de Néstor Kirchner, que obligaba a los candidatos a jueces a exponer ese listado.
Fuente: Parlamentario