Por Marcela Durrieu (*)
No voy a referirme al trámite de sanción de la ley que es por todos conocido, ni al intrincado camino de una década de férrea voluntad que requirió generar la jurisprudencia que terminó con los incumplimientos. Fue un ejemplo de voluntad política, convicción y valentía, de la capacidad de relegar diferencias partidarias y egos sin medir los costos personales que, para lograr un propósito superior, desplegaron miles de mujeres que acompañaron el proceso en todo el país enfrentando los liderazgos partidarios, y a veces a sus propias familias.
Más allá de su objetivo formal, el incremento de mujeres en las bancas del Congreso, la ley fue un hito que abrió caminos insospechados. Permitió incorporar a la ley de convocatoria a la reforma constitucional de 1994 la habilitación para incorporar con rango constitucional los tratados internacionales, incluyendo el gran capítulo de los derechos humanos y, entre ellos, los referidos a los derechos de la mujer por fuera del Núcleo de Coincidencias Básicas.
La nueva constitución incorporó en su texto la “igualdad real de oportunidades”, la implementación de acciones afirmativas y estableció un porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres exigible a todos los partidos políticos.
La incorporación de la Acción Positiva a la CN expresó un cambio de paradigma de la idea de igualdad y, si bien el origen fue la igualdad de género, el concepto de igualdad real se fue expandiendo a otros sujetos sociales vulnerables.
Con la elección de los senadores nacionales en forma directa a partir de la reforma constitucional, el cupo del Senado se convirtió de hecho en una cuota paritaria.
La ley de cupo femenino fue una norma profundamente innovadora que sentó un modelo para otros países. Las argentinas abrimos el debate en todos los organismos supranacionales y en poco tiempo la mayoría de los países de América Latina y algunos de Europa sancionaron leyes similares. A propuesta de nuestro país, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, incitó a los gobiernos a promover la incorporación de mujeres en los más altos niveles de decisión y representación política mediante medidas de acción afirmativa.
Sin duda, la inclusión femenina en el Congreso Nacional favoreció la emergencia de voces que instalaron nuevos temas en la agenda parlamentaria, particularmente en materia de igualdad de género y ampliación de derechos de otros grupos vulnerables.
La iniciativa de las legisladoras fue fundamental en el proceso de sanción de un conjunto de leyes muy relevantes, entre las cuales pueden destacarse la de cupo sindical femenino, la de protección contra la violencia de género, salud reproductiva, parto humanizado, aborto, ESI, Ley Micaela y matrimonio igualitario, por mencionar algunas. El nuevo plexo legal promovió la creación de normas reglamentarias e instituciones que garantizaran la aplicación de los nuevos derechos.
Poco a poco, las provincias fueron sancionando sus propias leyes de cupo para las legislaturas provinciales y concejos deliberantes, estructurando como consecuencia una “carrera política” para las mujeres.
Finalmente, la ley de paridad es un desarrollo natural de la aplicación de la ley de cupos.
Por supuesto que en este proceso convergieron cambios culturales, modificaciones en el contexto mundial y otras cuestiones que no son adjudicables exclusivamente a la Ley de Cupo, pero, sin duda, la sanción de la ley fue un hito que disparó un proceso creciente de participación femenina cuyas consecuencias se observan treinta años después.
Quedan múltiples inequidades sin resolver, pero hoy tenemos muchas más herramientas, casi la mitad de las bancas en ambas cámaras, un Ministerio de la Mujer, áreas de género en casi todas las dependencias del Estado nacional y en la mayoría de las provincias, numerosas funcionarias de alto rango, un número creciente de comunicadoras feministas, una generación de jóvenes dispuesta a movilizarse masivamente detrás de propuestas convocantes.
Treinta años después estamos en condiciones de dar otro salto cualitativo si logramos volver a construir una voluntad política colectiva.
(*) Exdiputada nacional