Un proyecto de ley de la diputada provincial Gabriela Lena (UCR-JxER), propone proteger el recibo de sueldo de los empleados estatales activos o pasivos de Entre Ríos de toda deducción que no provenga de un organismo judicial o provincial. La norma consta de cuatro artículos.
La iniciativa determina prohibir “todo otro descuento a través de la operación del sistema de Código de Descuento y alcanza a bancos, financieras, mutuales, cooperativas, tarjetas, comercios y cualquier otra entidad autorizada a otorgar créditos, que pretendan hacer operativo directa o indirectamente su recupero a través de ese sistema, aplicado en las liquidaciones de sueldos y haberes de los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial centralizada o descentralizada, empresas del estado, entidades autárquicas, y demás organismos del sector público provincial”.
Lena afirmó que, de aprobarse su proyecto, “solo quedará como deducción obligatoria por parte del Estado la referida a embargos judiciales, el aporte jubilatorio, la de la obra social IOSPER y/o a la que por ley corresponda, siempre que fuese de un organismo provincial”. Y añadió: “Con esta ley, se eliminan los descuentos directos, aplicable a los préstamos otorgados a empleados activos o pasivos provinciales por distintos entes de crédito, cuando dichos préstamos son devueltos y/o pagados por quienes los han recibido a través de lo que se conoce como Código de descuento”.
La legisladora recordó que este sistema “se viene utilizando desde hace varios años para beneficio de algunas personas jurídicas que mantienen una relación directa o indirecta con el Estado Provincial”. “Es decir, el Estado se involucra en actos jurídicos de terceros y actúa como organismo de retención, favoreciendo a una sola de las partes a la cual le garantiza el recupero de lo prestado vía deducción del recibo de haberes del deudor”, enfatizó.
Para concluir, Lena subrayó: “Es innegable que ésta facilidad de préstamos virtual, rápida y sin garantizas se ha transformado en un abuso de derecho, debido al alto pago de los intereses y los costos financieros aplicados a estos préstamos, siendo el Estado Provincial cómplice de estas prácticas desleales”.