El proyecto que modifica la normativa vigente en torno a la prevención y represión del lavado de activos logró media sanción este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación. Pese al voto en contra de la mayoría de la oposición, el Frente de Todos (FdT) consiguió alzarse con una iniciativa reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El proyecto, que ahora deberá ser analizado en el Senado, cosechó 111 votos a favor, 96 en contra y 5 abstenciones. Aunque el bloque PRO había acompañado -con disidencias- el dictamen de mayoría junto al oficialismo, terminó alineándose con sus pares de otros bloques de Juntos por el Cambio y votó en contra. Durante el tratamiento en comisiones la Coalición Cívica, la UCR y Evolución Radical habían suscripto un dictamen de minoría, del que también fue parte el interbloque Federal. Las diferencias centrales radicaban en dotar de más autonomía a la Unidad de Información Financiera (UIF), al tiempo de modificar el mecanismo de selección y remoción de sus autoridades.
De esta manera, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal votaron en contra. También lo hicieron así los cuatro diputados del Frente de Izquierda y el liberal José Luis Espert. El bloque de Javier Milei no estuvo presente, ni tampoco la ahora monobloquista cercana al líder de La Libertad Avanza, Carolina Píparo.
Junto al oficialismo, por su lado, votaron sus aliados del interbloque Provincias Unidas y el flamante gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa. Las abstenciones fueron de los monobloquistas, dentro de JxC, Carlos Zapata (Ahora Patria) y Paula Omodeo (CREO); y de los tres legisladores del Frente de Todos que responden a Juan Grabois, Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itaí Hagman.
Horas antes de la sesión, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, advirtió mediante su Twitter que la ley estaba en riesgo por la postura de la oposición, que reclamaba por aspectos que no formaban parte del proyecto original y que se habían aceptado varias modificaciones en todos estos meses. Además, cuestionó el dictamen de minoría.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es una exigencia del FMI para que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
El tratamiento de este proyecto se había empantanado a fines del año pasado cuando, pese a la disposición del oficialismo a aceptar modificaciones reclamadas desde la oposición, se coló en el debate la ruptura de relaciones entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) motivada por la actitud de la presidenta de la Cámara respecto de la integración de los representantes de Diputados en el Consejo de la Magistratura, y el tema quedó postergado.