Un proyecto de ley propone establecer una modificación a una normativa anterior para evitar acciones que apunten a “despojar de bienes a los adultos mayores, sin que ellos reciban beneficio alguno”. Se incorpora para estos casos la necesidad de “autorización judicial”.
La iniciativa a la que accedió Bicameral fue presentada este martes por la diputada Érica Vázquez (Más para Entre Ríos), y cuenta con el acompañamiento de Noelia Taborda y Juan Rossi.
Se trata de una modificación sobre la ley 10.166 que declaró de interés público la atención del envejecimiento y la vejez y el desarrollo integral de los Adultos Mayores, en iguales condiciones de acceso, oportunidades, derechos y deberes que el resto de los habitantes. A su vez, la normativa mencionada creó el Consejo Provincial de Adultos Mayores.
En esta línea, dispone incorporar al artículo 2° el inciso t) bis el siguiente texto: “A efectos de lo establecido en el inciso anterior, toda operación que implique el traslado de dominio de bienes inmuebles o bienes muebles registrables, cuyo titular sea un adulto mayor, debe contar con autorización judicial bajo pena de nulidad. Entendiéndose por adulto mayor a los efectos de la presente ley, a toda persona a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad“.
En sus fundamentos, el proyecto declara: “Respecto de la protección del patrimonio de los adultos mayores, es una prioridad revisar la normativa que ha de aplicar el juzgador, ya que a diario se perciben las más variadas acciones que ejercen fundamentalmente familiares cercanos, para despojar de bienes a los adultos mayores, sin que ellos reciban beneficio alguno”.
“Se observa que una práctica recurrente es la falsificación de firmas de los adultos mayores para vender bienes de su propiedad (muebles registrables o inmuebles) y lo grave es que, en un número significativo de casos, la conducta es intentada por familiares cercanos e incluso los propios hijos de los adultos mayores”, señala.