Un pedido de informes ingresado en la Cámara de Diputados Entre Ríos, pide detalles en torno al acuerdo firmado el 3 de agosto de este año entre el gobierno provincial y La Casa de la Cultura de la Calle, ONG liderada por el actor Gastón Pauls y dedicada a tratar consumos problemáticos.
La iniciativa, autoría de la justicialista Silvia María del Carmen Moreno y a la cual tuvo acceso a Bicameral, destaca la necesidad de saber si en efecto existe algún "vínculo jurídico" con la entidad, especificando "fecha de rúbrica, vigencia, objetivos institucionales y alcance territorial de las acciones programadas".
En el mismo texto, se busca conocer el procedimiento administrativo y la modalidad de contratación empleados para llevar adelante dicho vinculo, ya sea por licitación, concurso de precios, contratación directa por vía de excepción, convenio de asistencia técnica o asignación de subsidio. A la par, detallar el cronograma de actividades y los mecanismos previstos para "articular estas intervenciones motivacionales con el seguimiento y la posterior derivación clínica dentro de la red asistencial de la Dirección General de Salud Mental".
Por último, el pedido de Moreno asegura que es preciso conocer el monto total comprometido por el Estado en concepto de honorarios, viáticos, traslados, alojamiento y servicios de logística, así como otra contraprestación dedicada a las actividades referidas.
En los fundamentos, la legisladora explicó que el proyecto se funda en "la imperiosa necesidad de transparentar el destino y la eficiencia en la asignación de los recursos públicos provinciales en un escenario de extrema fragilidad, colapso y tensión del sistema sanitario entrerriano". Y agregó: " Como representantes del pueblo, nos vemos obligados a contrastar de manera directa las prioridades de gasto del Poder Ejecutivo con la dolorosa realidad cotidiana que padecen nuestros hospitales, centros de atención primaria y sus trabajadores y trabajadoras".
En otro apartado, la diputada apuntó: "Mientras el Gobierno Provincial centraliza su agenda en la contratación de figuras de la escena pública porteña para tercerizar la palabra y la prevención en eventos aislados, los verdaderos pilares de la salud mental en Entre Ríos atraviesan una situación de profunda precarización laboral y salarial. Los planteles de trabajadores y trabajadadoras (psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros, médicos, administrativos y de servicios generales) en los hospitales públicos sostienen la trinchera sanitaria bajo condiciones de extrema vulnerabilidad". Y finalizó: "Esta desinversión real desplaza la contención de las crisis sociales e individuales sobre las espaldas de trabajadores desprotegidos, pauperizados y expuestos al desgaste psicofísico. Esta asfixia sobre los ingresos se vuelve insostenible en el marco de la discusión paritaria provincial. Mientras se le niega una recomposición digna a los profesionales de la salud en las mesas de negociación paritaria, empujándolos al pluriempleo y al conflicto gremial permanente, el Estado provincial demuestra una llamativa celeridad presupuestaria para financiar contratos externos de visibilidad mediática".
