Un proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos insta al Poder Ejecutivo a dictar una reglamentación para disponer la tramitación íntegramente digital de los procedimientos de compras y contrataciones del Estado. El objetivo es sustituir el papel por el expediente electrónico, en función de lo vigente en materia de gestión digital.
El texto, ingresado por la justicialista Andrea Zoff, explica en sus argumentos que la Ley 5.140 establece el régimen de administración financiera y de bienes determina los procedimientos y condiciones aplicables a las contrataciones del Estado: "En particular, el artículo 33 faculta expresamente al Poder Ejecutivo a reglamentar las condiciones que deberán reunir, incluyendo el uso de medios publicitarios, los plazos, garantías, inscripción en registros, requisitos para las preadjudicaciones y adjudicaciones, muestras, normas de tipificación y demás condiciones que resulten convenientes".
Cabe destacar que la mencionada ley no establece que los procedimientos de contratación deban tramitarse necesariamente en soporte papel ni consagra dicho soporte como requisito de validez de las actuaciones que integran el procedimiento: "La facultad para eliminar el acta manuscrita y el sobre cerrado ya existe en cabeza del Poder Ejecutivo, sin necesidad de reforma legal alguna. No hace falta esperar la sanción de una nueva ley, alcanza con la voluntad política de dictar un decreto".
Para Zoff esta distinción no es menor, porque desplaza el eje del debate: "No estamos ante un vacío normativo que deba llenar la Legislatura, sino ante una potestad reglamentaria del propio Poder Ejecutivo". Dijo luego que hay una "brecha" entre el discurso de modernización y la práctica administrativa concreta: "El propio Poder Ejecutivo, por boca de sus funcionarios, identificó el soporte papel como el único obstáculo para digitalizar por completo el procedimiento de compras, no mencionaron falta de presupuesto, ni falta de plataforma tecnológica, ni resistencia gremial, mencionaron un requisito reglamentario que ellos mismos pueden modificar. Frente a un diagnóstico tan preciso y compartido por todos los actores del Ejecutivo presentes en la comisión, la ausencia de un decreto que corrija ese único punto señalado no puede explicarse por falta de facultades, sino por falta de decisión de ejercerlas".
