En su segundo día de gestión, el Gobierno de Javier Milei le solicitó al Senado el retiro de pliegos de 62 funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio Público de Defensa (MPD). Los mismos habían sido enviados por el jefe de Estado saliente, Alberto Fernández.
El pedido fue coordinado entre el presidente de la Nación, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De ese modo, Cúneo Libarona expresó: “Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”.
La medida trata sobre 29 pliegos de jueces, 9 vocales de Cámara, 10 fiscales del MPF y 14 defensores del MPD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.
Cabe recordar que en los primeros del gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández ordenó retirar 200 pliegos que aguardaban ser votados en el Senado, después de haber recibido tratamiento por parte de la Comisión de Acuerdos durante la gestión de Mauricio Macri.
El trámite para la designación de jueces inicia en el Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo que cuenta con representación de los abogados, magistrados, 4 senadores y diputaciones nacionales, es el responsable de tomar los exámenes para los diferentes cargos.
Luego, se realiza el orden de mérito y se da un plazo razonable para las oposiciones al listado inicial, para así, dar lugar a las entrevistas. Una vez que concluida dicha instancia, se arma una terna que es remitida al Poder Ejecutivo y es, finalmente, el presidente de la Nación el responsable de enviar la misma al Senado para su tratamiento.
Es la Comisión de Acuerdos la responsable de elegir al juez para los cargos y en la etapa final, esa determinación debe contar con el voto mayoritario del Senado. Con ese trámite cumplimentado, la designación se hace efectiva cuando el Poder Ejecutivo las publica en el Boletín Oficial.
Todo el proceso, en las últimas estadísticas establecidas por la Corte Suprema, demora cerca de tres años y medio. Es el plazo que el ministro de Justicia busca reducir. Por ese motivo es que solicitará al Consejo de la Magistratura una revisión de la normativa interna que rige todo el proceso.