Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone dejar sin efecto el artículo 1 de la Ley N.º 10.068, conocida popularmente como "Ley de Enganche", que ata los incrementos del Poder Judicial entrerriano a los que ejecute la Corte Suprema de Justicia. Si bien uno es nacional y el otro provincial, desde hace 15 años los funcionarios judiciales tienen incrementos que no son decididos en la provincia, pero que sí deben ser afrontados con recursos de la Casa Gris.
En sus fundamentos, la autora de la norma, Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) explicó que el mecanismo fue establecido en 2011 y vincula de manera directa los aumentos salariales del Poder Judicial provincial con decisiones adoptadas por un organismo nacional "sin considerar necesariamente la situación económica, financiera y presupuestaria de Entre Ríos". Y agregó: "Entendemos que corresponde revisar este sistema y recuperar para la Provincia la capacidad de decidir sobre la administración y el destino de sus propios recursos. La Constitución provincial atribuye a la Legislatura la responsabilidad de fijar el presupuesto, autorizar los gastos y controlar el destino de los fondos públicos. Estas facultades no representan solamente una formalidad, sino que constituyen una responsabilidad directa frente a todos los entrerrianos".
Para las firmantes, el régimen vigente hace que cada aumento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación produzca automáticamente un incremento permanente del gasto provincial, sin que la Legislatura pueda analizar en cada oportunidad su impacto ni su relación con los recursos disponibles: "Las decisiones salariales del Poder Judicial nacional se adoptan de acuerdo con su propia realidad, su presupuesto y los recursos con los que cuenta el Estado nacional. Esas circunstancias no son necesariamente las mismas que atraviesa nuestra Provincia, que debe atender con sus recursos el funcionamiento de la justicia, la educación, la salud, la seguridad y los demás servicios esenciales".
Para finalizar, la diputada aseguró que su proyecto "no busca afectar la independencia del Poder Judicial ni desconocer la importancia de la función que cumplen sus magistrados, funcionarios y empleados". Y cerró: "Tampoco implica reducir las remuneraciones actualmente vigentes. Lo que se propone es dejar sin efecto, hacia el futuro, un mecanismo automático que limita la capacidad de la Provincia para definir su propia política salarial. Esto no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que procura que esas decisiones sean tomadas en Entre Ríos, de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos".
