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Proyecto entrerriano busca crear un régimen especial para defender consumidores digitales

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación busca establecer un régimen especial de protección para para consumidores digitales. La iniciativa fue ingresada por el justicialista entrerriano Gustavo Bordet e incluye transacciones desarrolladas "total o parcialmente mediante medios digitales, plataformas electrónicas, aplicaciones, sitios web, redes sociales, servicios de suscripción y demás tecnologías de información y comunicación".

La norma tiene como fines, entre otros, garantizar los derechos de los consumidores en este tipo de entornos, facilitar la cancelación de suscripciones, servicios y contrataciones, establecer plazos máximos para la devolución de sumas de dinero y prevenir estafas. Todo aquel que compre tendrá derecho a dar de baja la operación de forma instantánea, con una acción que sea equivalente a un solo clic, de manera sencilla y accesible. La ley deja en claro también que no se podrán establecer mecanismos de cancelación más complejos que los usados para contratar. Es decir, no se podrá proponer la baja por teléfono o de forma física, por ejemplo.

La iniciativa subraya también que cuando corresponda la devolución de sumas de dinero a favor del consumidor, el proveedor deberá efectuar el reintegro dentro del plazo máximo de cinco días hábiles desde la aceptación: "Cuando el pago haya sido realizado mediante tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, billetera virtual u otro medio electrónico, el proveedor deberá iniciar el proceso de devolución dentro de dicho plazo".

"La protección del consumidor digital requiere una política activa de educación y prevención. La seguridad no puede depender exclusivamente de la capacidad individual del usuario para detectar maniobras fraudulentas. La iniciativa procura, en definitiva, adaptar los principios tradicionales de protección del consumidor a las nuevas formas de contratación y comercialización", apuntó Bordet en sus fundamentos. Y finalizó: "No se trata de impedir el desarrollo de la economía digital, sino de garantizar que la innovación tecnológica se desarrolle dentro de un marco de transparencia, responsabilidad, seguridad y respeto por los derechos de los consumidores. La contratación digital debe ser tan sencilla para ejercer derechos como lo es para contratar".

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