Como era de esperarse, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la ley de emergencia en obra pública, que el martes por la noche obtuvo media sanción en el Senado con el acompañamiento decisivo del peronismo, bloque mayoritario en la Cámara alta.
Con la mayoría automática que la Constitución le otorga al oficialismo, el peronismo se sintió más libre en la Cámara baja y realizó fuertes críticas a la iniciativa del gobierno, que sin embargo no impactaron a la hora de brindarle esta herramienta que reclamó insistentemente el gobierno de Rogelio Frigerio.
Hubo discursos que, a pesar de los cuestionamientos, hicieron llamados a la “responsabilidad” y a la necesidad de reactivar la obra pública, justificando de este modo el acompañamiento a la norma.
El diputado Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) expuso la posición del peronismo y, diferenciándose de lo que sucedió en el Senado, hizo hincapié en que no es necesaria la sanción de la ley de emergencia en obra pública. Su conciudadana y compañera de bancada Lorena Arrozogaray hizo lo propio, manifestando su “disconformidad” con las formas del tratamiento legislativo de esta y otras normas, y en la misma línea se manifestó Laura Stratta, quien la semana pasada protagonizó un fuerte cruce con el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, que demoró y empañó el debate sobre este proyecto.
El legislador de Gualeguaychú argumentó que si ya se resolvió la situación con 24 empresas contratistas de obra pública, están quedando “nada más que siete empresas para conveniar”, por lo que “no es necesaria una ley de emergencia en obra pública”.
En ese sentido, negó el argumento de la “herencia” recibida en el gobierno provincial, y se apoyó en las declaraciones de los funcionarios que este miércoles expusieron el proyecto en comisión: “Nada de eso es así, quedó claramente ayer. (El secretario Uriel) Brupbacher confirmó que la deuda en Tesorería era de 5 mil millones de pesos. A la luz de la sociedad es un número importantísimo, pero en materia de obra pública es un número menor, manejable”, aseguró.
El Presupuesto para el área, comparó, es de 150 mil millones de pesos, y en ese sentido dijo que un número que “representa el 1 por ciento del presupuesto total no amerita una emergencia en obra pública”. Por último, llamó al gobierno de Frigerio a “reclamar adonde está la verdadera causa de esta situación, que es en la interrupción de los fondos nacionales”.
Stratta, por su parte, celebró algunos cambios introducidos en el Senado, sobre puntos que hacían “ruido”, como la extensión de la emergencia y la posibilidad de realizar contrataciones directas en obras viales. Comparó esta situación con la declaración de la emergencia educativa hace cinco semanas, y dijo que quieren saber cómo fue utilizada para la reparación de escuelas. “Quiero decir que somos una oposición constructiva, lo que no quiere decir que no digamos las cosas, que no las planteemos. Por eso estamos dando este debate y vamos a acompañar esta declaración y herramienta que el Ejecutivo necesita. Y vamos a necesitar que se haga un reclamo con vehemencia al Presidente para que no recorte los fondos de la provincia“, resaltó.
Roque Fleitas, de La Libertad Avanza, defendió a su turno al gobierno de Javier Milei y habló de “no poner palos en la rueda”, por eso acompañó el proyecto.
Hubo matices en los bloques libertarios. Carlos Damasco, libertario del bloque Fe y Libertad, cuestionó en tanto el “tratamiento exprés” de la iniciativa, como así también los plazos establecidos por la propia emergencia. “Esta ley no recompone la relación entre los empresarios y la provincia”, lamentó Damasco, quien dijo que “no obstante, dando gobernabilidad, apoyaremos esta ley, sin estar de acuerdo con las formas”.
Bruno Sarubi y Marcelo López, entre otros, expusieron la postura de Juntos por Entre Ríos, destacando los litigios que existen con algunas empresas concesionarias de obra pública y reiterando los argumentos que llevaron al oficialismo a insistir con la sanción de esta ley. “La emergencia que el gobierno nos está solicitando que declaremos, tiene que ver con que esto es dinámico. A medida que pasa el tiempo, más empresas constructoras promueven acciones judiciales”, aseguró López.
Gabriela Lena, a su turno, afirmó que el proyecto está en la Cámara hace más de diez días y que se pudo escuchar a los funcionarios del área en cuestión, que evacuaron dudas de los diputados. “No podemos considerar el tratamiento de este proyecto como un tratamiento exprés”, le respondió al peronismo y los legisladores libertarios que se pronunciaron de este modo. “Esto es una emergencia, necesitamos reactivar la obra pública. Solicito que se dé por finalizado el debate y se dé lugar a la votación”, cerró.