Las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado consensuaron finalmente la firma de dictamen con modificaciones al Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública, iniciativa del Poder Ejecutivo que contaba con media sanción.
Como se informó oportunamente, tras casi dos años en la Cámara alta el proyecto de ley quedará en condiciones de ingresar en la próxima sesión del Senado para ser votado posteriormente, y enviado en revisión a la Cámara de Diputados.
De acuerdo al dictamen que accedió Bicameral, firmado por todos los miembros de ambas comisiones con excepción de la senadora Patricia Díaz (La Paz), se establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas por parte de funcionarios tras la asunción, anualmente y al dejar el cargo.
Además, se establece que la declaración jurada patrimonial integral "deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, créditos, deuda e ingresos, los bienes propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero".
Para quienes incumplan con la presentación de este requisito, habrá una multa de entre el 5 y el 50 por ciento de los haberes percibidos por el funcionario.
Además, tal como se venía señalando, se estableció el capítulo de "Ficha Limpia" con el criterio del doble conforme en las sentencias, comprendiendo a candidatos y a funcionarios.
Según se establece, "es aplicable la inhabilitación cuando exista sentencia condenatoria en cámara revisora, aun cuando la resolución judicial se encontrase recurrida o por cualquier razón no hubiese adquirido firmeza, asegurando el doble conforme en igual sentido, sin perjuicio de los recursos extraordinarios que pudieran corresponder".
Además, la iniciativa crea la Oficina de Ética Pública, autoridad de aplicación de la norma. La nueva dependencia será ocupada por una persona designada mediante concurso.
