Tratarán el proyecto que propone resarcir a entrerrianos cesanteados durante la dictadura

La Comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados que preside Juan Manuel Huss (Frente CREER) debatirá esta semana el proyecto que propone que la provincia otorgue un resarcimiento económico a quienes hayan sido cesanteados de sus trabajos por razones políticas, gremiales o ideológicas.

Se trata de una iniciativa de la diputada Gracia Jaroslavsky (UCR), que cuenta con acompañamiento de legisladores del interbloque opositor y será debatida este jueves a partir de las 10 horas en la citada comisión.

La presentación de la iniciativa responde a un legítimo pedido que le hizo la Comisión de Cesanteados por la Dictadura Cívico Militar de la Provincia de Entre Ríos. “No se trata solo de dinero, se trata de dignidad, y es una obligación insoslayable de un Estado democrático y republicano asumir de una vez por todas esta deuda histórica”, aseveró la autora del proyecto al momento de presentar la iniciativa.

La ley contemplará a las personas que por causas políticas, gremiales o ideológicas hayan sido cesanteadas o exoneradas de cargos o empleos públicos ejercidos en cualquiera de los Poderes del Estado provincial, entes autárquicos o empresas estatales en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

El Ministerio de Gobierno y Justicia será el encargado de abrir un registro para actualizar, reunir, procesar, evaluar y sistematizar el padrón de las personas que soliciten tal beneficio. Quienes se inscriban deberán aportar información que acredite que dejaron de tener una relación laboral con el Estado debido a causas políticas, gremiales, ideológicas o similares.

En el proyecto, la diputada Jaroslavsky dispone que “el resarcimiento económico será equivalente a 20 sueldos mínimos del escalafón provincial y se efectivizará por una única vez a valores vigentes al momento del pago, sin intereses”. A su vez, el derecho a obtener el beneficio caducará dentro del plazo de tres años contados a partir del dictado de la norma.