Por Ariel Slipak y Cristián Fernández (*)
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que anunció el presidente Javier Milei el 20 de diciembre, tiene profundos impactos en la estructura del Estado, en la organización de la normativa laboral y la distribución del ingreso. Aunque de forma menos evidente, despierta también una serie de preocupaciones en materia socio-ambiental: el decreto refleja cuáles son los intereses que defiende esta medida y el gobierno que la impulsa.
Antes de analizar cualquier implicancia que este megadecreto pueda tener sobre el ambiente, hay que remarcar que el DNU 70/2023 de desregulación económica es inconstitucional. Las bases para la reconstrucción de la economía argentina deben fundarse siempre en la Constitución Nacional y en el principio de división de poderes. Este DNU, en cambio, avanzó sobre las facultades del Congreso de la Nación al derogar cerca de 300 leyes, eludiendo el debate fundamental que requiere toda reforma legislativa en el marco de una república democrática.
Este decreto se presenta a menos de diez días del anuncio de una serie de medidas económicas que implican un ajuste sobre el grueso de la población, sin modificar los privilegios que tienen las empresas abocadas al agronegocio, la minería y la extracción de hidrocarburos. Además, a la par de las medidas económicas, la Comunicación A 7918 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) permitiría a importadores de estos sectores licuar sus deudas en moneda extranjera mediante la adquisición de los denominados “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL), que le implicarán al BCRA contraer deuda en dólares hacia 2027.
Mientras que el DNU faculta a la Secretaría de Energía a modificar de manera arbitraria el esquema de subsidios a los servicios de energía que reciben los consumidores, no altera en absoluto el acceso a los subsidios a la oferta de gas natural que reciben las compañías extractivas. Estos subsidios son transferencias directas del Estado a grandes empresas como YPF, Tecpetrol, Compañía General de Combustibles, Pan American Energy, Total, Pluspetrol, Equinor, Shell, CAPEX o Wintershall, que en el Presupuesto 2023 representan más de $150 mil millones de pesos.
La megadevaluación, que repercute en más inflación e incrementos inmediatos de la pobreza, les permite a estas empresas hidrocarburíferas mejorar su rentabilidad en forma instantánea. El DNU les otorga el beneficio adicional de quitarles la obligatoriedad de destinar producción al mercado interno mediante las modificaciones del Código Aduanero. Aspecto que, en conjunto con la liberación del precio del combustible, genera aún más inflación y que gran parte de la población sin acceso a la energía en Argentina termine por subsidiar las exportaciones de combustibles.
En materia ambiental, el DNU implica un fuerte retroceso en el necesario cambio de la matriz energética, basado en la transición hacia fuentes renovables. La derogación de los Artículos 16 al 37 de la Ley N° 27.424 (Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica), desarma un fideicomiso denominado FODIS, que otorgaba préstamos y estímulos a quienes incorporaran en sus residencias equipos de generación de energía para autoconsumo o para ser introducida a la red.
Esta medida es, en principio, contradictoria con los compromisos internacionales que ha asumido Argentina en materia de transición energética, como lo es el Acuerdo de París. Los artículos derogados también fomentaban espacios de investigación y un régimen de beneficios para la producción de equipos. Durante el 2023, el FODIS implementó sus acciones sin costo alguno para el Estado, ya que el Fideicomiso se sostenía con fondos generados por rentas propias, según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Una de las ideas que prevalece fuertemente detrás del paquete de medidas es la del achicamiento del Estado: buscan correrlo como un actor fundamental en la regulación de la “vida pública”. Bajo este mantra, la idea de privatización de las empresas públicas, como así también la desregulación, parecen erigirse como las puntas de lanza.
La traducción tangible de este tipo de ideas es sin dudas mayor extractivismo y depredación de los bienes comunes. Lo que verdaderamente está en pugna no es el tamaño del Estado, sino la redistribución de la renta.
Ante los acontecimientos recientes en Bahía Blanca, afectada por un importante temporal, el Presidente de la Nación expresó que confiaba en el trabajo a realizarse con “los recursos existentes”. Queda claro que, en realidad, la disposición de los recursos depende de la decisión política. Parece que “plata hay”, pero solo para las empresas extractivas, que tienen una mayor responsabilidad sobre los impactos socio-ambientales.
En un contexto de ajuste económico cuya justificación se remite a la necesidad de sacar a la Argentina de la pobreza, argumentando que esto se realiza a partir de la reducción del tamaño del sector público, la intervención estatal del gobierno es fuerte cuando se trata de sostener regímenes de subsidios y exenciones impositivas que benefician a las empresas hidrocarburíferas y de minería. Los programas del Estado se han reducido a su mínima expresión, sosteniendo únicamente los beneficios a los sectores concentrados de la economía y las empresas transnacionales en el sector minero, hidrocarburífero y agropecuario.
Este megadecreto, que atenta contra la Constitución, el bienestar de la ciudadanía y el ambiente en un segundo plano, perpetúa un modelo extractivo que solo beneficia a unos pocos.
(*) Publicado en Infobae.