Una ley de emergencia podría salvar a las universidades del ahogo financiero

Las universidades nacionales avanzan en su estrategia por buscar un salvavidas que las saque del ahogo presupuestario a las que las somete el ajuste de Javier Milei. La apuesta de los rectores es que se apruebe una ley de emergencia para actualizar las partidas para el sostenimiento de las casas de estudio, que quedaron muy retrasados frente a la inflación.

Este lunes los rectores se reunirán con los presidentes de los bloques de la Cámara de Diputados para pedirles que voten el proyecto de emergencia presentado por la diputada radical Danya Tavela y que tiene también el apoyo de legisladores del bloque Hacemos Coalición Federal, entre ellos la socialista rosarina Mónica Fein. Además, este martes se reunirán en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y analizarán la posibilidad de convocar a una gran marcha nacional por la educación, antes de que se firme el Pacto de Mayo al que convocó el presidente Javier MIlei.

Con la decisión de reconducir el presupuesto nacional 2023, las cuotas para gastos de funcionamiento que la Nación envió a las universidades en enero y febrero fueron la misma que en los mismos meses del año pasado. En marzo, esa partida se incrementó un 70 por ciento. Pero la inflación acumulada fue del 270 por ciento y las universidades dicen que es imposible sostener las casas de estudio con el presupuesto actual.

Sin respuestas a sus reclamos por parte del gobierno nacional, los rectores se aferran a la posibilidad de que sea el Congreso el poder que le abra la puerta a una solución. El proyecto de Tavela tendría el apoyo de los distintos sectores del radicalismo legislativo y sumó el respaldo de también distintas vertientes de Hacemos Coalición Federal.

La iniciativa plantea una actualización bimestral de la cuota de gastos de funcionamiento, con un índice que combinaría el índice general de precios al consumidor (50%), “la variación de la cotización de la divisa de referencia para las importaciones (25%) y la variación promedio de las tarifas de servicios públicos (25%)”.