La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de Gabriela Lena, inició el debate sobre el proyecto de su autoría que busca delinear un marco regulatorio para los procesos de juicio político en Entre Ríos.
El cuerpo, como consignó Bicameral, buscará a su vez incorporar aportes realizados en otros proyectos que en algunos casos perdieron estado parlamentario, pero en otros siguen vigentes.
En este sentido, de la reunión participaron el secretario de Legal y Técnica de la provincia Esteban Vitor y el senador provincial Juan Pablo Cosso, quienes aportaron sus visiones como autores de proyectos similares que aún mantienen estado parlamentario.
Sobre la relevancia de la norma, la diputada Lena destacó: "Este trabajo es fundamental para otorgar reglas claras y seguridad jurídica, tanto para quien denuncia como para el denunciado, y permite cumplir finalmente con el mandato de la Constitución Provincial". La legisladora fundamentó que “la sanción de esta iniciativa permitiría cubrir una vacancia legislativa de 18 años y dotar a la provincia de un procedimiento moderno y previsible”. Además, la legisladora agregó que “al establecer etapas probatorias y plazos específicos, se evita que el juicio político sea un factor de incertidumbre institucional, para consolidarlo como un verdadero instrumento de equilibrio entre los poderes del Estado”.
El proyecto de Lena
De acuerdo al proyecto al que accedió este medio, la legisladora habla de algunas "lagunas" y propone establecer precisiones. Lena recuerda que "en los últimos dos años nos encontramos con diferentes pedidos de juicios político". A finales del 2024 fue contra la vocal del STJ Gisela Schumacher y a finales del 2025 contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Susana Medina de Risso.
"Al cumplimentar con los artículos 138 a 154 de la Constitución Provincial, advertí con mis pares, diferentes vicisitudes y falencias en cuanto al proceso que debe regir para sobrellevar un juicio político, que es de carácter excepcional", sostuvo.
"En efecto, el legislador al dictar la norma de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, dejo ciertas lagunas del derecho en cuanto al ‘proceso’ que debe regir y este proyecto viene a reglamentar la normativa utilizando herramientas del propio Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos", destacó.
El proyecto de 37 artículos cuenta con el acompañamiento de varios de sus pares de bloque, y en sus fundamentos habla de "otorgar al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, que lo consolide como un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional".
Los antecedentes
A fines de 2021 Vitor, por entonces diputado provincial y presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento.
"Reglamentar el Juicio Político es una deuda que tenemos que saldar y que requiere del compromiso y la responsabilidad de los legisladores de todos los partidos. El proyecto que presenté se basa en un estudio de los antecedentes que han presentado mis pares a lo largo de los años, pero con modificaciones que considero trascendentales para garantizar la calidad del proceso", fundamentó Vitor.
El actual secretario Legal de la provincia remarcó la necesidad de establecer lineamientos precisos. "La idea es que cada pedido de Juicio Político que se presente sea tratado en tiempo y forma y con las garantías necesarias. Es importante que así se dé curso al pedido o se desestime la denuncia, se haga en un tiempo prudente y dando a conocer las justificaciones de la decisión", enfatizó.
Como se mencionó, el otro proyecto fue ingresado también el pasado período legislativo, por el exdiputado peronista Cosso. La iniciativa contó con el acompañamiento de entonces presidente de la Cámara baja, Ángel Giano. La norma, de 53 artículos, señaló las experiencias recientes y las normas similares que apuntaron a la regulación del instituto.
"La propuesta que se pone a consideración incluye la regulación de cuestiones que se presentaron en la práctica del procedimiento, asociadas a la taxatividad de las personas sujetas a juicio político, las actuaciones de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, el ejercicio del acusado de su derecho a la defensa, la incorporación de medios tecnológicos, los plazos del proceso, la eventual renuncia del denunciado, entre otras", se explicó.
La norma delineada por el actual senador llegó incluso a tratarse en las comisiones, pero finalmente no prosperó.