Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone modificar el Código Penal de la Nación y establecer penas de prisión y el pago de una multa para "el que hiciere dar o prometer, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias manifiestamente desproporcionadas respecto de la prestación otorgada".
La iniciativa, que lleva la firma de la entrerriana justicialista Blanca Osuna, fija como criterio aquellos intereses cuyo costo financiero superen en más del 50% al promedio del préstamo personal otorgado. Y aclara: "La misma pena será aplicable al que, a sabiendas, adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario".
La sentencia que fija la norma es de uno a tres años de prisión, así como una multa de dos a cinco veces el monto de la operación. No obstante, en caso de ser una conducta reiterada, la pena irá de tres a seis años de cárcel y el pago podría llegar a ser 10 veces el total de la operación.
"La iniciativa propone eliminar la exigencia de acreditar el aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la víctima, centrando la configuración de la conducta en la desproporción manifiesta de las ventajas económicas obtenidas", explicaron los firmantes en los fundamentos. Y agregaron: "Este mecanismo procura aportar mayor objetividad y previsibilidad a la determinación de las conductas alcanzadas por la norma".
Los autores aseguran que, asimismo, se mantienen las sanciones para quienes adquieran, transfieran o hagan valer créditos usurarios a sabiendas, y se prevé un agravamiento de las penas cuando estas conductas se realicen habitualmente, atendiendo a la gravedad que reviste su reiteración.
