Las comisiones de Seguridad y Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzaron a debatir este miércoles un proyecto que propone prohibir la portación, tenencia y transporte del arma a efectivos policiales y del Servicio Penitenciario que hayan sido denunciados por violencia de género o violencia intrafamiliar.
La iniciativa, a la cual tuvo acceso Bicameral, fue ingresada por la legisladora Ayelén Acosta (PRO) y señala que la medida será aconsejable “en virtud de las circunstancias y gravedad del caso, y con el fin de resguardar la integridad física, psicológica y moral de las personas denunciantes”.
El artículo 3° de la norma propone también disponer, en algunos casos, “el pase, traslado o cambio de destino, de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento General de Policía, de los efectivos de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección General del Servicio Penitenciario”.
En el caso de que la ley se apruebe, deberá ser reglamentada en un plazo de 30 días corridos: “La Policía de Entre Ríos, y la Dirección General del Servicio Penitenciario, dictarán la reglamentación, adecuarán sus normas y procedimientos internos y establecerán las responsabilidades correspondientes en relación a la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación utilizada por los efectivos de la fuerza y a los cambios de destino de los mismos”. La aplicación de la ley estaría a cargo del Ministerio de Gobierno.
En el debate de este miércoles, estuvieron presentes el subdirector de Asuntos Internos de la Policía, Juan Marcelo Claucich; junto al jefe de la División Inteligencia e Investigaciones Internas, Pablo Gordillo; y a la jefa de la Sección Género y Familia, Marina Hernández.
El puntapié para presentar la ley fue lo sucedido con Úrsula Bahillo, joven de Rojas (Buenos Aires) víctima de femicidio a manos de su expareja, un policía con más de 15 denuncias por violencia de género. “A partir de eso, estudiando la provincia, nos dimos cuenta de que hay resoluciones internas pero no hay legislación. De modo tal que tener una ley implica un resguardo para las víctimas, gobierne quien gobierne, e independientemente de quién esté a cargo de la Policía” señaló a Bicameral, Acosta.
La legisladora apuntó que la redacción de la ley tomó como base una norma similar que ya existe en Chaco, y aseguró que existe buena predisposición para que se pueda avanzar en su concreción: “El próximo paso será hablar con autoridades del Servicio Penitenaciario, para conocer su realidad en particular”.