El oficialismo logró aprobar con 134 votos a favor la ley de plan de pago de deuda previsional y la digitalización de las historias clínicas, en una sesión polémica por los cuestionamientos de la oposición.
El temario, en el marco de sesiones extraordinarias, fue acotado para garantizar el apoyo de los bloques más chicos que no forman parte de Juntos por el Cambio.
Minutos antes de las 11, cuando casi se vencía el plazo para llegar al mínimo de 129 diputados, los aliados del oficialismo bajaron al recinto. Los últimos fueron los bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño del Interbloque Federal. Sus compañeros de bancada, los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein, lo habían hecho poco antes.
Según publicó Infobae, el oficialismo también logró sumar a los cuatro diputados del Frente de Izquierda —Romina del Pla, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman— y a los legisladores del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, Diego Sartori, Agustín Domingo y Carlos Fernández.
Uno de los defensores de la iniciativa fue el diputado nacional entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), quien aseguró que la iniciativa, tal como detalló Bicameral en base a la información difundida por Anses, beneficiará a alrededor de 17 mil entrerrianos.
“Queremos beneficiar a 800 mil argentinos, de los cuales 17 mil son entrerrianos. Esta es una ley que sí le importa a la gente y llega directamente a los que más la necesitan”, destacó.
El proyecto, que ya tenía media sanción del Senado, consta de dos partes. Por un lado, un plan de pago similar a los que se implementaron en 2004 y 2014 que permite que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que no tengan todos los aportes puedan regularizar los períodos faltantes en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que obtenga.
Por otro lado, también se permitirá que los trabajadores que estén en actividad y no lleguen a completar los 30 años de aportes por estar cerca de la edad jubilatoria puedan anticipar y empezar a pagar los períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012. Estas personas podrán pagar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, en coincidencia con lo que pagan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma.
Desde Anses estiman que sin esta ley unos 800 mil adultos mayores no podrán jubilarse y deberán recurrir a la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que equivale al 80% de una jubilación mínima.