En su sesión de este miércoles, el Senado de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en revisión por el que se crea la Fiscalía Anticorrupción, prevista en Artículo 208 de la Constitución Provincial.
Se trata de una iniciativa impulsada a comienzos de año por el gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora Laura Stratta, que con algunos cambios había obtenido la aprobación de Diputados el 3 de agosto.
“En el debate parlamentario en Diputados se hicieron algunas modificaciones, y por unanimidad el proyecto llegó a nuestra Cámara. En ese contexto le dimos tratamiento”, dijo durante la presentación del proyecto el senador Horacio Amavet (Frente CREER), quien a su vez remarcó que se invitó a participar del debate a senadores que no formaban parte de la Comisión y a la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
“Es un paso muy importante crear esta Fiscalía Anticorrupción, porque se cumple con un precepto constitucional”, destacó el senador.
El senador Rubén Dal Molin (Juntos por el Cambio) defendió la posición del bloque opositor y argumentó el acompañamiento a la iniciativa. El legislador dijo que el espacio acompaña todas las iniciativas que constituyen “políticas de Estado”, entre las cuales mencionó la creación de la Fiscalía Anticorrupción.
En la Cámara baja, la iniciativa había salido con despacho de comisión sin el acompañamiento de Juntos por el Cambio, que había hecho una serie de objeciones que finalmente fueron tenidas en cuenta y el proyecto se aprobó por unanimidad. El proyecto se debatió en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por el diputado Juan Pablo Cosso (Frente CREER).
Tras obtener la media sanción, el proyecto fue girado al Senado, donde tuvo un rápido tratamiento hasta llegar este miércoles al recinto.
El nuevo instituto funcionará en el ámbito del Ministerio Público Fiscal y tendrá a su cargo la investigación y acusación de los delitos contra la administración pública provincial cometidos en la provincia o fuera de ella, así como también promoverá la investigación de la conducta de los funcionarios y empleados de los tres órganos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) del Estado provincial, municipal y comunal.