La comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Gabriela Lena, comenzó el análisis de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que propone modificar artículos del Código Procesal Laboral de Entre Ríos, establecido por la Ley Provincial Nº 5.315 y sus modificatorias. La iniciativa también fue girada a la Comisión de Trabajo.
Como informó oportunamente Bicameral, el proyecto tiene por objetivo introducir "diversas modificaciones en el proceso laboral" de la provincia, atendiendo a uno de los reclamos que realiza el sector empresario: los costos y riesgos de la litigiosidad laboral.
Entre sus principales modificaciones, elimina la exigencia de depositar el capital de condena o garantizarlo mediante bienes como condición para que el empleador acceda al recurso de apelación. De este modo, la admisibilidad de la revisión dependería de “requisitos procesales objetivos”, sin barreras patrimoniales para acceder a una instancia superior. Se trata de algo que, según supo este medio, recibió objeciones, por lo que podría ser revisado, sin alterar el espíritu de la propuesta.
Otro de los ejes del proyecto es la creación de tres cargos para conformar un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos en el Poder Judicial. Sus integrantes -de acuerdo a la propuesta- accederían mediante un concurso público de oposición y antecedentes y percibirían una remuneración fija. El esquema apunta a garantizar la independencia profesional, la aplicación obligatoria de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales y una mayor rigurosidad técnica en los dictámenes.
Además, se propone eximir al Estado provincial y a sus organismos del pago de la Tasa por Actuaciones Judiciales.
Otro de los ejes del proyecto se relaciona con el régimen de honorarios de los peritos y auxiliares de justicia. En el primer artículo se dispone que estos "no estarán vinculados a la cuantía económica del juicio (monto reclamado, monto de condena, al acuerdo transaccional, ni al porcentaje de incapacidad que pudiere determinarse)", sino que serán regulados "prudencialmente por el juez teniendo en cuenta exclusivamente la naturaleza, complejidad, extensión, calidad, utilidad, celeridad y eficacia de la labor técnica realizada en el proceso". La regulación no podrá exceder el equivalente a ocho (8) juristas, según se aclara. Este último punto también recibió objeciones de colegios profesionales.
De la reunión también participaron el presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), Santiago Esquivel; el director del Instituto de Derecho del Trabajo de esa entidad, José Ruiz; y representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER), Edgardo Oneto, José María González y Mariela Gras. También asistió la subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Cámara, María Alejandra Viola.
Del mismo modo, en representación del Poder Ejecutivo, participaron el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Secretaría General de la Gobernación, Matías Plugoboy, y el coordinador Legal y Administrativo del mismo organismo, Jorge Yuri. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso no pudo asistir por motivos de agenda.
