El Senado de Entre Ríos convirtió en ley una iniciativa que establece la capacitación obligatoria en discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías y en los tres poderes del Estado.
Se trata de una iniciativa de Carina Ramos (Frente CREER), que contó con el acompañamiento de diputados del oficialismo y que aborda un tema que también fue planteado en proyectos de Gracia Jaroslavsky (UCR – Juntos por el Cambio) y que se emparenta con una iniciativa presentada a nivel nacional por el diputado nacional Gustavo Hein (PRO – Juntos por el Cambio).
La iniciativa establece, tal cual detalló oportunamente Bicameral, programas de capacitación que deberán contener como contenidos mínimos establecidos en la Ley 26.378, de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su protocolo facultativo; la Ley 25.280 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de Discapacitados y la Ley Provincial 9.891 de Sistema de Protección Integral del Discapacitado.
Será autoridad de aplicación de la presente ley Instituto Provincial de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, o la autoridad que en un futuro lo reemplace, según señala la norma.
“Estamos muy felices, fue el resultado de un trabajo junto a legisladores, legisladoras, personas con discapacidad y familiares que serán beneficiarios y beneficiarias de esta tan importante ley”, dijo Ramos tras la aprobación de la ley.
Cuando el proyecto obtuvo media sanción, la autora de la iniciativa habló de un “cambio de paradigma” en la temática, “dejando de pensar en las personas con discapacidad como objeto de decisión de otros y sí como personas autónomas”.