Diputados del Peronismo Federal presentaron un proyecto de resolución para pedir informes al Poder Ejecutivo sobre la actividad del buque petrolero “VS PROMISE” en el Puerto de Ushuaia.
La iniciativa está firmada por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos, entre otros, y solicita que el Gobierno informe, a través de la Cancillería, el Ministerio de Economía, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y otros organismos competentes, sobre el ingreso, permanencia, amarre y operación de la embarcación.
Según reprodujo Noticias Argentinas, el pedido apunta al buque petrolero “VS PROMISE”, número IMO 9351438, registrado en la Isla de Man, y a su presencia en el Puerto de Ushuaia y en otros espacios marítimos, instalaciones portuarias o hidrocarburíferas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El proyecto solicita conocer la fecha y hora de ingreso del buque a aguas jurisdiccionales argentinas, su itinerario completo, puertos de procedencia y destino, Estado de bandera y registro, agente marítimo interviniente y actividades realizadas durante su permanencia en territorio argentino.
También requiere que se informe si la embarcación operó previamente en la monoboya marítima de Río Cullen o en otras instalaciones vinculadas con la extracción, carga, almacenamiento o transporte de hidrocarburos.
En ese punto, los legisladores pidieron detalles sobre la fecha, duración y características de cada operación, tipo y volumen de la carga, origen y destino, empresas contratantes, productoras, operadoras, propietarias, armadoras, fletadoras y beneficiarias finales.
La iniciativa también reclama precisiones sobre las autorizaciones administrativas, marítimas, aduaneras, ambientales, portuarias e hidrocarburíferas otorgadas, además de los organismos y funcionarios que intervinieron en su autorización y control.
Los diputados solicitaron identificar qué organismos autorizaron el ingreso del buque a aguas jurisdiccionales argentinas, su navegación, el acceso al Puerto de Ushuaia, el amarre y la operación portuaria, con detalle de los actos administrativos, expedientes, autoridades responsables y fundamentos jurídicos, técnicos, operativos, comerciales, ambientales, políticos y estratégicos.
El proyecto pregunta además por la intervención de la ANPyN y de la Unidad Ejecutora de la intervención del Puerto de Ushuaia en la autorización, coordinación, supervisión y ejecución de la operación.
En particular, pide conocer qué autoridades y funcionarios de la ANPyN tomaron conocimiento o participaron de la decisión, la intervención de la Gerencia de Coordinación Técnica y de otras áreas, los informes producidos y las instrucciones impartidas al personal del puerto.
La presentación también requiere información sobre la participación o asistencia de la Administración General de Puertos S.A.U. en liquidación y las comunicaciones mantenidas con la Prefectura Naval Argentina, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la Cancillería, las autoridades nacionales con competencia en hidrocarburos y el Gobierno provincial.
Otro de los puntos centrales del pedido apunta a determinar si el canciller Pablo Quirno fue informado o consultado previamente sobre el ingreso y amarre del buque, y si existió intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las áreas de la Cancillería con competencia en la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida.
Los legisladores también pidieron saber si la Cancillería realizó una evaluación previa sobre las implicancias políticas, diplomáticas, jurídicas o estratégicas de la operación, teniendo en cuenta la localización del Puerto de Ushuaia, la disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
