El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR-Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para crear, en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Política Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. El organismo, acorde a la normativa, está integrado por ocho senadores y ocho diputados, elegidos por ambas Cámaras respetando la “pluralidad de la representación política”. Su presidente será designado a propuesta de la primera minoría parlamentaria.
El legislador propone que la Comisión participe con voz pero sin voto en las reuniones del Consejo Federal de Seguridad Vial; que intervenga en todos los proyectos de ley de tránsito y seguridad vial que ingresen por cualquiera de las Cámaras, así como también cuando se tratare del refrendo de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la materia.
Entre las funciones de la Comisión, se establece la evaluación de resultados de las políticas públicas nacionales de tránsito y seguridad vial; el seguimiento y análisis del presupuesto asignado a los organismos nacionales con competencia en esta materia, así como la ejecución presupuestaria; y contribuir al desarrollo de convenios con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en miras a homogeneizar e implementar políticas de tránsito y seguridad vial y facilitar la normalización normativa.
Además, el artículo 5º del proyecto establece que, para el cumplimiento de sus fines, la Comisión podrá requerir información y formular consultas a áreas técnicas y legales de los distintos ministerios, secretarías, entes autárquicos y descentralizados y todo organismo público del ámbito nacional; universidades y organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria en materia de tránsito y seguridad vial, académicos, técnicos y expertos de centros de investigación privados; y hospitales públicos y centros de salud nacionales.
En los fundamentos del proyecto, Galimberti señaló que, si bien desde 2008 se colocó en la agenda pública la lucha contra la siniestralidad vial -con la sanción de la Ley 26.363, de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial- los resultados son desalentadores: “Los registros oficiales se mantienen amesetados, no advirtiéndose una clara tendencia hacia la reducción de víctimas fatales en incidentes viales, lo cual pone en blanco sobre negro que las políticas ejecutadas en la materia no alcanzaron el objetivo planteado por la ley”.