Un proyecto de ordenanza presentado esta semana en el Concejo Deliberante de Paraná propone delimitar cambios para establecer las funciones y el procedimiento administrativo del Organismo de Defensa del Consumidor, buscando "la efectiva implementación en el ámbito de la ciudad de Paraná de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios".
La iniciativa se recuesta sobre los derechos reconocidos en el Artículo 42º de la Constitución Nacional, en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24,240, su Decreto Reglamentario Nº 1786/99, Ley Provincial Nº 8973, su decreto reglamentario, disposiciones complementarias y normas que en su consecuencia se dicten, incorporando la tramitación digital de los expedientes.
En relación a la ordenanza en vigencia, señalan que "su texto responde a una lógica procedimental propia de una administración predominantemente presencial, escrita y basada en notificaciones tradicionales, distinta del modo en que actualmente se desarrolla la gestión pública municipal y, en particular, el trámite de los reclamos de consumo".
En este sentido, el proyecto al que accedió Bicameral sostiene que desde su sanción "se han transformado sustancialmente las formas de vinculación entre consumidores, proveedores y administración pública, resultando necesario adecuar el procedimiento a las modalidades digitales actualmente utilizadas".
La iniciativa que lleva la firma de los concejales Luisina Minni y Sergio Elizar (Más para Entre Ríos) fundamenta que el ingreso de reclamos mediante la plataforma Mi Paraná, la recepción digital por parte del Organismo, el traslado electrónico a la denunciada, la contestación mediante correo electrónico oficial, la celebración de acuerdos virtuales y la realización de audiencias conciliatorias por medios digitales constituyen herramientas idóneas para dotar al trámite de mayor celeridad, trazabilidad, economía administrativa y acceso efectivo.
Además, sostienen también que "la instancia conciliatoria constituye una herramienta esencial para la solución temprana de conflictos de consumo".
En esta línea, argumentan que la actualización de la Ordenanza Nº 8600 "permite armonizar la normativa municipal con la realidad tecnológica actual, evitando vacíos procedimentales y brindando mayor seguridad jurídica al trámite".
