Un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados de la Nación pide que el Poder Ejecutivo brinde detalles sobre la situación actual y las proyecciones de instalación de grandes centros de procesamiento de datos (data centers), en particular aquellos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial. El texto, que lleva la firma de la entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) pone el foco en los "impactos energéticos, hídricos, ambientales y territoriales" asociados.
En ese marco, el pedido solicita detalles de proyectos -existentes y futuros-, con su actual localización, así como empresa a cargo, inversión prevista, potencia energética requerida y estado de avance. En ese marco, los legisladores hacen especial hincapié en Atlas GigaHub, impulsado por Green Capital en Chubut, del cual desean conocer -entre otros puntos- la superficie invlucrada y la participación de organismos nacionales.
Los diputados subrayaron su intención de conocer qué proyectos de centros de datos están alcanzados por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones -RIGI- u otros mecanismos de promoción fiscal, aduanera, cambiaria o impositiva; así como también resaltaron que es preciso saber cuál es la demanda eléctrica actual de los centros de datos, junto a posibles obras de generación, transporte y distribución y cuál es el consumo de agua estimado en los proyectos a gran escala, además de otros puntos relacionados con el impacto ambiental.
"La expansión de la inteligencia artificial está generando una nueva demanda global de infraestructura física. Los centros de datos de gran escala requieren cantidades crecientes
de energía, infraestructura de transmisión, conectividad, superficie territorial y recursos hídricos", indicaron los firmantes en los argumentos. Y agregaron: "El caso de Chubut resulta particularmente relevante porque el proyecto se vincula con la Zona Franca de Trelew y con el régimen RIGI, mientras se encuentra en discusión en el Congreso el denominado Súper RIGI, orientado precisamente a ampliar los incentivos y beneficios para este tipo de inversiones".
Según los firmantes, la eventual superposición de regímenes plantea un interrogante que el Estado debe responder antes de otorgar nuevos beneficios: cuál será el costo fiscal total de promover estas inversiones y cuál será la contraprestación efectiva para el Estado nacional, las provincias y las comunidades que aporten territorio, energía, agua e infraestructura. "El desarrollo de infraestructura para la economía digital puede constituir una oportunidad estratégica para la Argentina, tanto por la generación de empleo y capacidades tecnológicas como por la posibilidad de aprovechar el potencial energético del país. Sin embargo, la política de atracción de inversiones no puede reducirse al otorgamiento de beneficios fiscales y disponibilidad de recursos", finalizaron.
