Por Esteban Vitor (*)
El desarrollo social, económico y político de los Estados lleva consigo la necesidad de formular y consolidar políticas públicas como una herramienta o mecanismo para alcanzar los objetivos que garanticen el bienestar social. Para ello es indispensable considerar que en las agendas de desarrollo que lleven adelante los gobiernos, necesariamente se contemplen procesos de planificación de tipo técnico, político y fundamentalmente sociales.
Así entendida, la planificación parte de un buen diagnóstico y un buen diagnóstico se construye en base a un proceso de recopilación, sistematización y análisis de grandes volúmenes de datos sobre las condiciones sociales, económicas e institucionales del territorio para el cuál se planifica y constituyen un insumo invalorable para establecer una agenda con los diversos actores sociales y políticos del mismo.
La incorporación de esta perspectiva metodológica para el diseño de propuestas de políticas públicas permitirá superar un estilo de planificación rudimentario a partir del cual muchos programas y políticas se crean en base a ocurrencias y no generan los resultados esperados, porque se diseñan sin método y con información poco confiable. Superar este estilo nos permitirá plantear mejores políticas y facilitar procesos de evaluación de resultados e impactos que genera la intervención pública en la sociedad y analizar entonces los procesos de mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.
La provincia de Entre Ríos presenta enormes déficits en algunos indicadores socioeconómicos claves para lograr el desarrollo. Esta situación supone un desafío para la planificación, en la medida que dichos datos sean utilizados para el diseño de acciones de política pública.
Según datos estadísticos brindados por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Indec, en nuestra provincia el empleo en el sector privado cayó un 2,2% interanual en diciembre de 2020 y registró el nivel más bajo en una década. Si bien podría sugerirse que este resultado se debe a las situaciones vinculadas a la pandemia, cabe señalar que nuestra provincia muestra una tendencia decreciente en estos datos de los últimos 5 años, que se aceleró en el 2020, a pesar de la vigencia del decreto que restringe el despido durante la cuarentena, extendido a lo largo del 2020 y 2021.
Por otro lado, un informe del Consejo Empresario de Entre Ríos que analizó el comportamiento del empleo formal privado, demostró que “Entre Ríos tiene 93 asalariados privados registrados por cada 1.000 habitantes, mientras que Santa Fe tiene 136 y Córdoba, 127.” Claramente, ante este escenario, la provincia debe promover la creación de empleos en el sector privado para superar las condiciones de marginalidad y pobreza que la caracterizan. Basta repasar la última publicación del Indec sobre pobreza para advertir que las dos principales ciudades de la provincia, Paraná y Concordia, aparecen entre las ciudades más pobres del país con un 40,9% y un 49,5% de pobres respectivamente.
Con todo ello puede advertirse que la actividad económica de una jurisdicción no puede medirse únicamente en función de la productividad de un año a otro y es fundamental considerar en el cálculo el rol de los factores productivos que están disponibles para la actividad productiva.
En este sentido resulta pertinente reflejar la situación de la mano de obra en la provincia, ya que los niveles de actividad y desempleo son también indicadores del grado de eficiencia productiva que alcanza la provincia.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el empleo asalariado en la provincia de Entre Ríos es de baja calificación, predominan los puestos operativos y no calificados por sobre los puestos técnicos y profesionales. Si bien se observan en los datos de la encuesta que la demanda laboral se contrae, existe un porcentaje de empresas que no consiguieron cubrir todas sus vacantes por la falta de trabajadores de los rubros técnicos y profesionales.
Este rápido diagnóstico fundado en datos, sumado a otros instrumentos que relevaron las perspectivas de los actores del desarrollo en Entre Ríos, me permitieron fundamentar tres iniciativas de ley relacionadas entre sí y orientadas a atender las necesidades y problemas que se ponderaron luego de analizar los datos.
Por un lado, presenté un proyecto de Ley que propone crear un Régimen de Promoción de Primer Empleo con el objeto de fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo registrado y facilitar el ingreso temprano de nuevas generaciones al sistema de relaciones laborales, como base de su formación y desarrollo.
Por otro lado, propuse la creación de un Registro Provincial de Aspirantes a Empleos Técnicos Industriales para organizar la oferta de trabajo en este segmento. Este mecanismo permitiría conectar la formación técnico-profesional de las escuelas entrerrianas con la demanda de trabajo insatisfecha en la provincia.
Pero además, con la finalidad de crear empleo privado, se propuso en dicho proyecto un régimen de promoción con beneficios impositivos para las nuevas empresas que se radiquen en la jurisdicción entrerriana y que posean al menos un 50% de su planta de personal integrada por aspirantes de dicho registro.
Finalmente, las propuestas se complementan con un Observatorio de Empleo e Inserción laboral que pretende combinar diversas fuentes de datos para producir información útil para la toma de decisiones y la posterior evaluación de la actuación del Estado.
Con todo ello puede observarse la importancia de comenzar a planificar de otra manera, con sustento técnico y metodológico, pero también con sentido de oportunidad política y sensibilidad social. La gestión del desarrollo debe ser una agenda compartida por todos los actores del territorio que debe asumirse con el compromiso de generar una verdadera transformación social.
(*) Diputado en la Provincia de Entre Ríos – Presidente Interbloque Juntos por el Cambio. Publicado en Revista Realidad Nº 65