Con la intención de evitar la realización de la sesión pedida por la oposición para el próximo 9 de septiembre, en la que proponen tratar el tema del sobreendeudamiento familiar y una prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el oficialismo abrió el miércoles pasado el debate en las comisiones que serían cabeceras de ambos temas en la Cámara de Diputados de la Nación.
Entre los casi 50 proyectos relacionados con morosidad, hay uno del exgobernador entrerriano, Gustavo Bordet. Se trata de una declaración de Emergencia Financiera para familias, así como la suspensión de ejecuciones de deudas y medidas cautelares. La iniciativa fue ingresada en abril y pasó a tres comisiones:
En la norma, a la cual tuvo acceso Bicameral, se declara la urgencia con el objeto de "preservar la continuidad económica, el empleo y la estabilidad social en el marco de la situación económica vigente", postergando por al menos 180 días las medidas judiciales y administrativas, desde remates hasta inhibiciones o secuestro de bienes. No correrán intereses punitorios y se suspende el curso de la prescripción, con todos aquellos deuddores con ingresos que no superen los 10 salarios mínimos o monotributistas hasta la categoría G.
De acuerdo al texto, quedan excluidos de la suspensión los créditos de naturaleza alimentaria, las obligaciones derivadas de relaciones laborales, las deudas por cuotas alimentarias o indemnizaciones por daños a la persona y los casos donde se acredite riesgo cierto de insolvencia fraudulenta del deudor.
"En los últimos años se ha verificado una creciente dependencia de los hogares respecto del financiamiento para sostener niveles básicos de consumo. Esta dinámica se ha materializado en un uso intensivo de instrumentos como tarjetas de crédito, préstamos personales y líneas de financiamiento bancario y no bancario, muchas veces bajo condiciones de elevada tasa de interés. Como consecuencia, se ha configurado un escenario de sobreendeudamiento estructural, en el cual una proporción significativa de los ingresos familiares se encuentra comprometida al pago de obligaciones financieras", indicó Bordet en sus fundamentos. Y agregó: "Este fenómeno no solo impacta en la capacidad de consumo presente, sino que además, reduce los márgenes de resiliencia económica de los hogares frente a contingencias, generando un círculo vicioso donde el endeudamiento se retroalimenta con la caída del ingreso disponible. En este marco, la mora en el cumplimiento de obligaciones no responde necesariamente a conductas oportunistas, sino a limitaciones objetivas derivadas del contexto macroeconómico".
El exgobernador resaltó que la suspensión transitoria de ejecuciones "constituye una herramienta de política pública orientada a introducir un mecanismo de alivio y ordenamiento en un escenario de estrés financiero generalizado". Acotó luego: "No se trata de desconocer los derechos de los acreedores, sino de establecer un marco temporal de protección que permita reequilibrar las relaciones económicas, evitando soluciones individuales que, en su conjunto, resultan socialmente ineficientes".
Para cerrar, Bordet subrayó: "La judicialización masiva de deudas no constituye una solución eficiente ni equitativa. Por el contrario, tiende a consolidar procesos de exclusión económica, al afectar la capacidad de los deudores de reinsertarse en el circuito productivo y financiero. La ejecución compulsiva, en condiciones de deterioro económico, implica en muchos casos la liquidación de activos a valores deprimidos, generando pérdidas tanto para deudores como para acreedores".
