Un proyecto de Resolución presentado por la diputada nacional entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) solicita al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, que informe "en forma completa y detallada" una serie de cuestiones vinculadas al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso en 2025.
En particular, la legisladora busca conocer los motivos por los cuales no se ha ejecutado la totalidad de las partidas presupuestarias correspondientes al financiamiento universitario y el cronograma concreto de regularización salarial docente y no docente conforme a los porcentajes establecidos por la norma, así como de becas estudiantiles. Además, pide que indique la situación presupuestaria de los hospitales universitarios y los criterios usados para priorizar una deuda con empresas de energía por 1.800 millones de dólares por sobre el cumplimiento de la iniciativa que fue vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada.
"Mientras esto ocurre, el presupuesto universitario nacional cayó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% en 2026, su nivel más bajo desde 2004. Los hospitales universitarios de la UBA, que atienden a 700.000 personas por año, advirtieron que sus fondos operativos alcanzan para apenas 45 días más de funcionamiento. Solo en la Facultad de Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores entre diciembre de 2023 y abril de 2026, y en la Universidad Tecnológica Nacional el éxodo ronda los mil profesores", apuntó Osuna en sus fundamentos.
En otro apartado de sus argumentos, la exintendenta de Paraná señaló: "No estamos ante una limitación objetiva de recursos. Estamos ante una decisión política sobre a quién se le garantizan los derechos y a quién no. Diego Santilli asumió como Jefe de Gabinete con el respaldo explícito de trece gobernadores. Le corresponde, en consecuencia, informar a este Cuerpo sobre cómo y cuándo se hará efectivo el cumplimiento de la Ley 27.795, en cumplimiento estricto de sus atribuciones constitucionales". Y finalizó: "Este incumplimiento no es solo un desacato legislativo: es también el desconocimiento de una orden judicial firme. Ante la falta de ejecución de la Ley, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759/25, mediante el cual
suspendió la aplicación de la ley invocando la Ley 24.629, hasta tanto contara con financiamiento presupuestario suficiente".
