¿Por qué no se regulan los servicios de reparto a domicilio en Entre Ríos?

Un grupo de cadetes de la firma “Pedidos Ya” realizó la semana pasada un corte de calles en pleno centro de Paraná, reclamando por un lugar donde poder estacionar en la zona para evitar multas. Se trata de una de las complicaciones que atraviesan quienes trabajan para este tipo de plataformas, cuya regulación laboral es materia de reclamos y discusión.

¿Qué propuestas de regulación hay para formalizar este vínculo laboral? Un proyecto que ingresó en 2020 a la Cámara de Diputados de Entre Ríos propone la regulación del servicio de “deliverys” y reparto a domicilio, uno de los rubros que más creció en los últimos años, entre otras cosas por los cambios en hábitos de consumo que trajo la pandemia.

Se trata de una iniciativa de la diputada Lucía Varisco (UCR – Juntos por el Cambio), que cuenta con el acompañamiento de otros legisladores y que aún no fue tratada en comisión. Previamente, una iniciativa presentada en 2018 por la exdiputada María Alejandra Viola (UCR) proponía una regulación en el mismo sentido. El proyecto tampoco fue tratado y perdió estado parlamentario.

Según indica el proyecto de Varisco al que accedió Bicameral, la norma “regulará la organización y explotación del reparto a domicilio, comprendiendo todas aquellas gestiones, entregas y/o retiro de sustancias alimenticias y/o elementos varios de pequeña y mediana paquetería”.

En este sentido, se crea el “Registro Provincial de Mensajería Urbana y Reparto Domiciliario” a través de contratación telefónica, comercio electrónico, plataformas virtuales o aplicaciones. A su vez, el registro extenderá un “certificado habilitante” que tendrá una validez de dos años, donde se registren datos del trabajador y de quienes organicen o exploten la actividad.

Otro punto que busca abarcar el proyecto es el que refiere a derechos y obligaciones de los trabajadores del sector. Por ello se establece que “la totalidad de los elementos”, como casco, elementos reflectivos o indumentaria deberán ser provistos por aquellos que exploten la actividad y no por los trabajadores.

En los fundamentos del proyecto de ley se remarca que hay unos 160 mil trabajadores argentinos que se dedican a la actividad, de acuerdo a una investigación de la OIT, el Cippec y el BID, señalando que “es complejo definir la relación de dependencia de los trabajadores de plataformas”. En ese sentido, subraya que “el avance de la regulación no debería implicar el fin del negocio, sino que las empresas se ajusten a la norma y los trabajadores reciban un trato acorde”.

Hasta el momento, a pesar de algunas iniciativas aisladas, no se registraron avances en la discusión para regular este tipo de actividad laboral en Entre Ríos.