La Diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, presentó un proyecto de Ley para la creación de la Comisión Administradora del Río Paraná, compuesto por las seis provincias que comparten su curso en el territorio nacional, con el propósito de institucionalizar un ámbito de ejecución de políticas ambientales, económicas y sociales. Además, la iniciativa establece la formación del Consejo de Participación Comunitaria Ribereña y un Fondo de Compensación Ambiental.
“Es necesario regular su uso con fines sanitarios, turísticos, productivos y comerciales, para proteger un recurso indispensable como es el río Paraná y promover su cuidado con perspectivas de desarrollo sostenible”, afirmó Osuna sobre la iniciativa presentada. La Comisión estaría integrada por Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, además de un representante designado por el Ejecutivo nacional.
“En Argentina los ríos compartidos entre jurisdicciones provinciales o internacionales cuentan con entes, cuyo propósito es coordinar políticas de uso racional y respeto ambiental del curso hídrico“, explicó Osuna. Enumeró el caso de los Comités de Cuencas Juramento- Salado y Salí Dulce, o los casos de la Comisión Administradora del Río Uruguay y del Río de la Plata.
La exintendenta de Paraná puntualizó que “la dimensión y el impacto geopolítico del Paraná justifican plenamente un organismo donde las provincias, que tienen por la Constitución Nacional el dominio del río, coordinen junto a la Nación las políticas y acciones necesarias para su cuidado y uso”. Agregó luego: “La protección de la biodiversidad, el aprovechamiento de aguas para uso doméstico y productivo, el saneamiento y el tratamiento de efluentes cloacales e industriales, la gestión de residuos, la pesca y la piscicultura, el cuidado de zonas costeras, la protección en período de bajantes y en zonas inundables, la prevención de incendios y la aplicación de la Ley de manejo del Fuego N°27.604; la promoción de actividades deportivas y turísticas; el mejoramiento de las interconecciones fluviales, viales y ferroviarias; y la generación de propuestas normativas, son competencias de esta Comisión, con el propósito de realizar un abordaje integral y holístico sobre la biodiversidad, los bienes ambientales y la calidad de vida de la población que habita estas zonas“.
Osuna explicó que el río Paraná es una de las principales reservas de agua dulce del mundo, con un significativo caudal, una gran extensión de su área tributaria y una longitud de su curso, que lo ubica entre los más importantes del mundo, siendo un recurso estratégico, natural, social, económico y cultural para nuestro país.
Analizó la bajante a niveles históricos, caracterizada por un conjunto de hechos que abarcan “una larga sequía, los numerosos represamientos ubicados en su tramo superior, la producción con perfil extractivista, la deforestación de bosques y selvas, y la afectación de los humedales en su curso”. Añadió, entre las causas, a los incendios, cuya gravedad ha afectado el ambiente y la riqueza natural del humedal Delta”. En esa línea, destacó que estas leyes, que se vinculan con otras normativas y políticas del Ejecutivo nacional, plantean un “trabajo articulado, con enfoques solidarios con lo humano, lo ambiental, lo comunitario y lo cultural,en el compromiso por nuestra biodiversidad, sus habitantes y las futuras generaciones”.
Participación Comunitaria y Fondo de Compensación
“Esta Ley que estamos poniendo a consideración constituye el Consejo de Participación Comunitaria Ribereña del Paraná, como ámbito de participación social, con los distintos actores involucrados, con los municipios y las organizaciones de la sociedad civil”, remarcó Osuna.
La legisladora detalló el objeto del Fondo de Compensación Ambiental, administrado por la Comisión. Su finalidad será “la prevención, la mitigación y la recomposición de los daños ambientales”. Afirmó, en ese sentido, que es fundamental “institucionalizar un organismo que tenga competencia sobre el Río y su borde costero, que es un bien natural, diverso y trascendente para la vida cotidiana y el desarrollo de nuestras comunidades, para establecer condiciones para el uso sustentable, con el resguardo de nuestro ecosistema”.