Tras darse a conocer que el Ministerio de Economía y la Secretaría de Comercio delegaron en el gremio de Camioneros el control del programa “Precios Justos”, la diputada nacional Dolores Martínez (Evolución Radical) presentó un proyecto para pedir a ambos organismos un informe respecto de la participación sindical en la fiscalización del programa y monitoreo de abastecimiento.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de dos radicales entrerrianos: Marcela Ántola, del mismo bloque que la autora del proyecto, y Pedro Galimberti (UCR).
En la iniciativa, solicita saber que se exprese y publique el marco legal que guiará la conducta de los sindicatos y de cualquier otro actor que participe en las tareas de control; que sindicatos participarán en las acciones de control de stock y precios; si las personas que se desempeñen como fiscalizadores cuentan con alguna credencial o documento acreditativo de su identidad y que certifique su potestad; para realizar las acciones derivadas de su rol de control.
“Disponga las facultades con las que cuentan los gremios frente a la detección de irregularidades y establezca los mecanismos de rendición de cuentas que se implementarán para evaluar su desempeño”, agrega en otro punto y plantea: “A excepción respecto a quien ejerce el poder de policía requiere una norma que delegue tal potestad y debe ser fundada y proporcional al fin que persigue, estableciendo todos los mecanismos necesarios para evitar abusos y arbitrariedades”.
También, según Parlamentario, el proyecto solicita que se informe la dotación que se desempeña en la Secretaría de Comercio y las subsecretarías dependientes a fin de evaluar si se justifica la delegación de la facultad de inspección y monitoreo de los actores económicos a controlar. Asimismo, se solicita se indique cuáles serán las tareas que los actores estatales realizarán a partir de la información que se derive del control y monitoreo, así como el mecanismo que se implementará para procesar dicho insumo.
“Necesitamos recuperar la eficiencia de la acción estatal y, si bien es deseable el involucramiento de la sociedad civil y su participación, se vuelve indispensable que quienes participen estén capacitados en las tareas que realizarán, cuenten con un marco normativo que regule sus conductas y estén comprometidos con el bienestar general”, manifestó.
Acompañan con su firma los diputados Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tejeda, Carla Carrizo, Marcela Antola, Alejandro Cacace, Germana Figueroa Casas, Pedro Galimberti, Soher El Sukaria, Sabrina Ajmechet, Martin Tetaz, Margarita Stolbizer, Lidia Ascárate, Francisco Monti.