Senadores entrerrianos que integran las comisiones de Obras Públicas y Legislación General analizaron y emitieron dictamen a una iniciativa proveniente del Poder Ejecutivo que propicia una serie de reformas en la Ley de Obras Públicas como en el Código Contencioso Administrativo.
En los fundamentos de la norma mencionada, se lee que la iniciativa surge con motivo de que el actual andamiaje legal de nuestra provincia “otorga a los contratistas de obra pública un modo insólitamente expeditivo para el cobro judicial de los certificados de deuda, el proceso monitorio o el juicio ejecutivo en sede Civil y Comercial, como si se tratara del cobro de deudas entre particulares”. En dichos procesos, de acuerdo a la iniciativa, “se restringen significativamente las defensas que puede articular el Estado Provincial, con el agravante de que el accionante, obtiene el rápido embargo de las cuentas de la Provincia”. Y se explica: “Esto ocasiona graves efectos e incertidumbre en las cuentas públicas, por cuanto distorsiona las proyecciones presupuestarias y la programación de su ejecución”.
En el artículo 1° del proyecto, se modifica el artículo 52° de la Ley N° 6351, que quedará redactado de la siguiente manera: “A los efectos de esta Ley, se entiende por certificado, todo crédito documentado que expida la Administración al contratista con motivo del contrato de obra pública. Los mismos carecerán del carácter de título ejecutivo y su cobro judicial deberá demandarse por ante el fuero Contencioso Administrativo. Las observaciones que el contratista formulare sobre los certificados no eximirán a la Administración de la obligación de pago de los mismos en su totalidad, hasta una suma líquida reconocida por ella, dentro de los plazos establecidos”.
Los senadores consideraron el texto y coincidieron en el objetivo de “defender los intereses de la provincia”. Los legislaores manifestaron que “no se quitan derechos sino que se cambian procedimientos”.