Carolina Moisés (*)
En un nuevo capítulo de la intromisión del Poder Judicial dentro de la esfera de otros poderes, la medida cautelar dictada por la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría para frenar el funcionamiento del programa “Más Cultura Joven” imposibilita el correcto funcionamiento del Estado en iniciativas que buscan acrecentar derechos, especialmente para los sectores sociales más rezagados.
En este caso, la magistrada embistió contra un programa que busca beneficiar a jóvenes de 18 a 24 años a través de un bono de cinco mil pesos que el Ministerio de Cultura de la Nación asignó para que puedan tomar parte de actividades culturales entre el 1 de noviembre y el 30 de abril del año que viene, es decir, la temporada alta de festivales y recitales al aire libre.
Y en las últimas horas trascendió que la magistrada profundiza esta sobreactuación atendiendo otro requerimiento de la máquina de impedir que es Juntos por el Cambio, al intentar determinar el mismo destino para el programa de “Aporte Extraordinario a la Cultura”.
La elección de la fecha de implementación del “Más Cultura Joven” no es antojadiza, sino que va en línea con el proceso de apertura de actividades luego de las restricciones derivadas de la pandemia, que afortunadamente estamos dejando atrás por el impacto de la mayor campaña de vacunación de nuestra historia, y la responsabilidad de la sociedad al observar la medidas preventivas oficiales.
Con destino a beneficiarios del Programa PROGRESAR, a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a, a titulares de la Asignación Universal por Embarazo y a quienes perciben pensiones no contributivas por invalidez de la franja etárea antes citada, la elección de ese público objetivo no fue caprichosa ni arbitraria.
Por el contrario, se basó en datos recogidos en la última Encuesta Nacional de Consumos Culturales elaborada por el SINCA (Sistema de Información Cultural de la Argentina – 2017), que puso en evidencia que entre los jóvenes (18/24 años) de nivel socioeconómico bajo, y durante el último año, el 60% no leyó un libro; el 60% no asistió al cine; el 90% no asistió a un museo; el 75% no asistió a un recital y el 90% no asistió al teatro.
Para cerrar esa brecha de acceso, “Más Cultura Joven” busca incorporar a esta población a servicios y bienes culturales mediante un aporte económico de $ 5.000 exclusivamente aplicable a consumos culturales, estimulando la reactivación económica del sector e incentivando la desconcentración geográfica de los recursos, contando a tal efecto con una población objetivo identificada en todo el territorio nacional.
Esta decisión judicial es funcional a la estrategia de Juntos por el Cambio para frenar acciones oficiales con el argumento de que son implementadas para obtener votos en los próximos comicios.
Que “proteger el derecho al voto” como expone Servini de Cubría en su medida cautelar se concrete dejando sin acceso a la cultura a jóvenes que de otro modo no lo harían, es una paradoja demasiado perversa y un acto de alta subestimación de la voluntad popular.
Y desconoce que el programa se enmarca en el ya existente programa Progresar Cultura, que se extiende en el tiempo.
Además, “Más Cultura Joven” fue instrumentado de manera institucional a través de una resolución ministerial debidamente publicada en el Boletín Oficial, muy lejos del desprolijo antecedente –también objetado por la misma jueza– del bono otorgado entre gallos y medianoches por el ex ministro Dante Sica en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, en un patético manotazo de ahogado, tras su derrota en las elecciones PASO.
En aquella oportunidad, el ministro de Macri a través de una circular interna (sin emitir resolución ministerial ni publicarla en el Boletín Oficial) dispuso el otorgamiento de un subsidio de $ 5.000 por única vez para desempleados, a percibir en la fecha contemporánea a los comicios.
La iniciativa que impulsa el ministro Tristán Bauer consiste en un plan federal al que se accede por edad, y con la condición de ser titular de planes asistenciales. Para desdicha de los que creían que el dinero de los planes se iba por la canaleta del juego, los jóvenes están interesados en actividades culturales, cuando pueden acceder. Lo que estamos haciendo es facilitar ese acceso. Y eso se logra cuando se puede, no cuando se quiere, y más aún cuando todavía se transita por una pandemia.
Hasta la fecha eran ya 320 mil jóvenes los que aplicaron para acceder al beneficio, y por imperio de la acción judicial quedarían impedidos de tener esa posibilidad.
Pareciera que para muchos el acceso a los servicios y bienes culturales es y debe seguir siendo un privilegio de pocos.
En cambio, en el Frente de Todos sostenemos que la cultura es una herramienta de transformación social poderosa, niveladora de los desequilibrios sociales, y que dignifica a las personas.
Estamos convencidos de que su acceso es un derecho humano irrenunciable e impostergable por el que nuestra fuerza política seguirá trabajando, a pesar de los palos en la rueda que nos ponen desde otros sectores, que ven en esto un gasto presupuestario prescindible.
Y lo demostramos con hechos concretos. El Gobierno nacional lleva invertidos 20.900 millones de pesos durante la emergencia sanitaria alcanzando a más de 162 mil artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura con políticas tales como Cultura Solidaria, Fortalecer Cultura, Sostener Cultura, más de 6 mil espacios y organizaciones culturales con programas como Puntos de Cultura, Fondo Desarrollar, Plan Podestá, Apoyos Conabip, entre otros, y más de 7.700 empresas culturales a través de ATPs y Repro II.
No sorprende que Juntos por el Cambio siga cumpliendo el rol que mejor le sale. Pero que hoy Servini de Cubría se convierta en autora material haciendo lugar a un pedido del apoderado de esa agrupación, le quita autoridad moral e intelectual para instrusar el Poder Ejecutivo desde el Judicial.
Nada tiene que ver el principio de igualdad del proceso electoral que invoca el artículo 64 del Código Nacional Electoral (en el que dice basarse la Jueza) con tener un Estado que hace malabares en la salida de la pandemia para producir medidas que acerquen a los jóvenes a la cultura y reactiven el sector que ha sido uno de los más castigados en estos dos últimos años.
Le pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste porque la evidencia los expone, la que están tratando de poner en pausa es una política de reparación, con el sello distintivo del peronismo que nunca va a claudicar en la premisa de poner a cada argentino en pie de igualdad con el de al lado. Esa es nuestra visión, y por eso cada iniciativa se rige por el simple ABC de empezar por garantizar la equidad en el acceso a sus derechos.
(*) Diputada nacional del Frente de Todos (Jujuy) y vicepresidenta de la Comisión de Cultura en la Cámara baja