La Cámara de Diputados otorgó media sanción por mayoría al proyecto de ley sobre Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos, remitido por el Poder Ejecutivo. Entre sus principales ejes, el texto establece el marco normativo para modernizar el sector público de la provincia mediante la digitalización de trámites, el uso de firmas y domicilios digitales, la gobernanza segura de datos y la incorporación de tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial.
El expediente -tratado con preferencia- fue analizado en el ámbito de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y contó con dictámenes de mayoría y de minoría.
Durante el debate en el recinto, la defensa del texto sancionado estuvo a cargo de la presidenta de comisión, diputada Susana Pérez, quien actuó como miembro informante ante sus pares. La legisladora destacó que la normativa vigente fue pensada para “un Estado de papel”, al tiempo que resaltó los aportes al texto definitivo propuestos por legisladores, funcionarios y gremios.
El bloque “Más Para Entre Ríos” impulsó un dictamen de minoría para la concreción de una “Ley de Transformación Digital, Gobierno Digital y Modernización Administrativa” en la provincia, con un articulado que aborda la temática de manera "más completa" que el proyecto del Poder Ejecutivo provincial.
Las críticas del PJ
En su rol de miembro informante, la diputada Andrea Zoff resaltó la coincidencia en la voluntad de construir un Estado ágil, transparente y eficiente. En ese sentido, recordó que hace más de un año la bancada opositora presentó un proyecto “para que las compras públicas se efectuaran de manera virtual, garantizando agilidad, más oferentes, igualdad de condiciones y, sobre todo, un mejor control para evitar la discrecionalidad, con una inversión mínima por parte del Estado. Lamentablemente, como tantos otros proyectos, nunca se trató”, remarcó.
A continuación, Zoff advirtió que la iniciativa del oficialismo presenta “vacíos normativos graves y una preocupante concentración de facultades en el Ejecutivo (…). Todo lo que debería ser una garantía concreta queda como una promesa futura en la reglamentación, sujeto a decretos y librado a la voluntad de un funcionario”.
La legisladora señaló que la soberanía tecnológica implica que el Estado mantenga el control político, técnico y ético sobre la infraestructura, el software y los datos que administra. “Si este proyecto se aprueba tal como viene del Ejecutivo, entregaremos las llaves de nuestra administración a una empresa privada. No va a ser la provincia la que defina cómo se gestiona la información de los entrerrianos, sino la firma tecnológica que se decida contratar”, advirtió.
Asimismo, indicó que el proyecto no exige el uso de estándares abiertos ni la inclusión de cláusulas de salida. Estas últimas son las que garantizan que, si el contrato finaliza o se rescinde, el Estado pueda recuperar toda su información sin quedar paralizado ni convertirse en rehén de un proveedor.
Otro punto crítico señalado fue la desprotección de los datos biométricos. El proyecto oficial habilita convenios con privados para validar identidades mediante huellas o reconocimiento facial, elementos que Zoff calificó como “únicos e irremplazables”. Cuestionó además que la norma “deja a la ciudadanía desprotegida, no fija responsabilidades, no establece organismos de fiscalización ni menciona la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de Datos Personales”.
En materia de contrataciones, la diputada denunció que el proyecto modifica la ley de contabilidad provincial para permitir la compra directa —sin licitación ni compulsa de precios— de software, licencias y servicios intangibles. “No se exigen parámetros objetivos, informes técnicos ni montos máximos, permitiendo incluso pagos por adelantado, uso de tarjetas corporativas y billeteras virtuales sin regulación clara. Por si fuera poco, el artículo 53 delega la facultad de reescribir el régimen de compras por decreto”, enfatizó.
Respecto al artículo 52, que autoriza alianzas estratégicas con empresas y la transferencia de fondos, Zoff criticó que “no define que se entiende o bajo que criterios se elige una empresa u otra, quien toma la decisión, con qué controles, o qué pasa si hay conflicto de intereses”.
