El Senado comenzó a tratar el proyecto de ley que establece la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública. La iniciativa tiene como objeto principal el estudio y análisis exhaustivo del desenvolvimiento de los compromisos financieros contraídos por el Estado entrerriano, abarcando renegociaciones y procesos de reestructuración, desde 1991 a la fecha.
Fue en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.
Se trata de una iniciativa con media sanción, ya que en Diputados, luego de algunos idas y vueltas, fue aprobada a partir del proyecto original con propuestas de los bloques opositores. El peronismo, en el Senado, también pondría reparos a algunos artículos.
El senador oficialista Gustavo Vergara manifestó que desde su bloque están de acuerdo con el proyecto de ley, mientras el senador Marcelo Berthet Berthet (Más para Entre Ríos) cuestionó el artículo que estipula la integración de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública.
La senadora Nancy Miranda (Más para Entre Ríos) indicó que se hará un estudio del proyecto en el seno del bloque del PJ, para evaluar una postura al respecto, en tanto se continuará el trabajo en comisión.
La Comisión
Durante el trabajo en comisión, el dictamen votado incorporó modificaciones respecto al proyecto original -algunas de ellas promovidas por el bloque peronista-, destacándose el cambio en su naturaleza jurídica. La comisión investigadora, inicialmente planteada como un ente especial con un plazo de doce meses, adquirió un carácter permanente.
En ese orden, el organismo deberá elaborar informes anuales que reflejen la situación financiera al 10 de diciembre de cada año, garantizando un control sostenido en el tiempo.
El texto aprobado dispone que todos los informes sean publicados en el sitio web oficial del Gobierno, y que utilicen un lenguaje coloquial y recursos gráficos que faciliten la comprensión de los flujos financieros y la sostenibilidad de las cuentas públicas. En cuanto a su integración, se establece que el cuerpo contará con dos senadores y dos diputados —asegurando representación de mayorías y minorías—, tres representantes del Poder Ejecutivo, un profesional de la Universidad Nacional de Entre Ríos y un representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.
Transparencia y Ética Pública
También se desarrolló una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, con el fin de analizar el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados sobre Transparencia y Ética Pública. Junto a los titulares de las comisiones, Miranda y Cosso, y el resto de senadores que participaron de las comisiones anteriores, se sumaron Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) y Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos).
El proyecto del Poder Ejecutivo con media sanción de la Cámara de Diputados tiene 42 artículos, y es reglamentaria de los Artículos 37 y 40 de la Constitución de Entre Ríos. El objeto es regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Tiene como finalidad brindar publicidad, transparencia y ficha limpia de las personas humanas y de sus actos jurídicos. Establece un conjunto de deberes, prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas humanas que se desempeñen en cualquiera de sus tres poderes sin perjuicio de las normas especiales que otras leyes establezcan en situaciones particulares o similares para algunos funcionarios y empleados públicos en particular.
El invitado, secretario de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, Julián Maneiro, se explayó sobre el contenido de la iniciativa. Manifestó que incluye nuevas temáticas, incorpora declaraciones juradas más completas y públicas. En cuanto a ficha limpia, adujo que puede prestarse a confusión con la ley nacional, en tanto en el caso de la provincia se habla de establecer un requisito de idoneidad para acceder a un cargo. Maneiro señaló como importante también en el proyecto la amplitud de los delitos contemplados, dolosos o graves. También se estipula un régimen de obsequios, que excluye regalos de cortesía, y busca evitar por ejemplo el tráfico de influencias y marca pautas de conducta. En cuanto a incompatibilidades, si bien hay una ley antigua, ahora se intenta zanjar algunas interpretaciones con funcionarios que asumen dos responsabilidades, se establece un parámetro.