Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos solicitaron que se reglamente y aplique la Ley 10.563, aprobada en 2017. La norma crea el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura, con la finalidad de reconocer los derechos de las personas privadas de la libertad y garantizar que no sufran torturas o malos tratos. Lo hicieron en el marco de un relevamiento de las condiciones de 13 comisarías y alcaidías de la provincia, elaborada por la Red de Organismos de Derechos Humanos (Rodher) con colaboración de universidades y del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos.
“Asumimos que en gran medida nos impulsó a presentar este proyecto la ausencia en nuestra provincia del Comité Provincial de Prevención de la Tortura ya que aún no se ha puesto en marcha el Mecanismo Local creado por Ley N° 10.563. Desde el movimiento de Derechos Humanos de Entre Ríos venimos bregando para que deje de incumplirse esta ley aprobada por unanimidad en el año 2017 y seguimos reclamando por su conformación y puesta en funcionamiento ya que consideramos una herramienta de control y colaboración con cierta autonomía de los distintos poderes del Estado, a fin de prevenir prácticas de tortura u otras formas de malos tratos hacia las personas privadas de la libertad”, destacaron las entidades que elaboraron el informe.
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY 10.563?
El Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura tiene por finalidad “fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y las garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad velando por el mejoramiento de las condiciones de detención” y “reforzar” la protección de arrestados contra “penas prohibidas por nuestra legislación vigente”. Es un ente autárquico y autónomo, libre de instrucciones de cualquiera de los tres poderes del Estado, conformado por siete mimebros de un Comité Provincial contra la Tortura: tres propuestos por organizaciones de la sociedad civil, tres propuestos por el Poder Legislativo y un integrante que ocupará su lugar de la mano de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Los cargos son remunerados, durarán cuatro años y podrán ser reelectos sólo por una vez.
El Comité tiene a su cargo no sólo el monitoreo de las zonas de detención, sino que además la recopilación de denuncias vinculadas y la promoción de medidas judiciales para la protección de personas privadas de su libertad cuando se adviertan irregularidades. Además, diseñar políticas para la prevención de la tortura y otros tratos crueles.
Entre otros puntos, la norma también crea un Programa de Protección de Testigos y garantiza el acceso a la información judicial de personas víctimas de torturas, así como de sus familiares.